Lanzada una formidable ofensiva contra las empresas "outsourcing" que construyen escenarios de simulación para eludir sus obligaciones tributarias, la sorpresa es que las pesquisas de la Secretaría de Hacienda están colocando en la mira a la filial de The Coca Cola Company en México. Lo grave del caso es que la presunción apunta a que la multinacional creó su propia tercería para simular una relación ajena a ella en la contratación de algunos de sus funcionarios, en afán de escatimarles una gama de prestaciones sociales, entre ellas el reparto de utilidades.
De acuerdo a un cálculo preliminar de quien le colocó la mosca en la oreja a la dependencia, el monto de lo que se presume defraudación por simulación podría alcanzar 14 mil millones... de dólares.
El jaque a la principal productora de refrescos del planeta surgió a denuncia de uno de sus exejecutivos, Ángel Alvarado Agüero, quien lleva cuatro años en pleito con la empresa, tras haber sido despedido injustamente... por más que ésta lo acusa de haber violado su Código de Ética.
El David que le lanza piedras a Goliat se desempeñaba como director de Desarrollo de Mercado, trabajando en diversos periodos en México, Centroamérica y aún en Atlanta, Estados Unidos.
Su denuncia, en un largo tráfago que ha tocado lo mismo las Juntas Federales de Conciliación, los tribunales laborales, civiles y aún penales, plantea que The Coca-Cola Export Corporation creó una firma outsourcing llamada Servicios Integrados de Administración.
Según ello, en los últimos 20 años, las empresas habrían incurrido en omisiones de sus pagos fiscales por 80 millones de dólares anuales, los que, multiplicados, darían la cantidad que el denunciante presume.
En respuesta a ésta, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigación, Víctor Manuel Martínez Contreras, le giró un oficio al Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, Rafael Jaime Cantú Reyes, para rastrear los pagos fiscales realizados por tres empresas: The Coca-Cola Export Corporation, Servicios Integrados de Administración, y The Coca-Cola Compay. El oficio está fechado el 8 de noviembre del año pasado.
Lo curioso del caso es que el 27 de abril anterior, en el marco de una reunión anual de accionistas, el presidente de la firma, Muhtar Kent, no sólo omitió informar del asunto, sino negó que hubiera investigación alguna en México contra la compañía.
Su única mención al país fue para hacer pública una invitación expresa del presidente Felipe Calderón a Coca-Cola Internacional para realizar una junta de accionistas en México.
El directivo había mantenido el mismo escenario de silencio el año pasado, pese a que las querellas del exejecutivo ya estaban en los tribunales. Incluso, había más de un citatorio contra el presidente de la firma para rendir su testimonio ante las cortes nacionales.
El caso Alvarado Agüero no aparece en ninguno de los reportes de la multinacional a sus accionistas. El conflicto que pián pianito ha ido escalando tras notificársele al exfuncionario de su despido y exigirle la firma de su renuncia a cambio de no retirarle un plan de retiro internacional al que tenía derecho, se hizo mayor cuando éste se enteró que había sido contratado por la outsourcing de la empresa, es decir, Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia.
El hecho sucedió el ocho de mayo de 2007.
En su escrito a la Secretaría de Hacienda, Alvarado Agüero acusa a las tres empresas de fraude fiscal calificado, fraude fiscal por evasión de impuestos por simulación de actos y contratos y por omisión en las cuotas obrero-patronales en perjuicio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hasta el momento Coca-Cola ha minimizado las denuncias, señalando simplemente que su exfuncionario se hizo acreedor al despido por violar su Código de Ética, sin señalar los puntos específicos, ni responder punto por punto a las acusaciones de éste en su contra.
El alud, por lo pronto, ya llegó al fisco, con un ramillete que alcanza, al menos, a 50 empresas outourcing.
BALANCE GENERAL
En afán de tapar el pozo luego del niño ahogado, o mejor dicho de minero sepultado, tras el trágico episodio de Pasta de Conchos, el gobierno expidió una nueva norma que en el papel exigiría un cambio radical en las condiciones en que trabajan los mineros que extraen carbón del subsuelo.
No más contratos verbales, no más contratos temporales, no más omisiones en la inscripción al Seguro Social, no más jornadas inhumanas, no más nulas condiciones de higiene y seguridad.
He dicho.
Sin embargo, de acuerdo al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Secretaría del Trabajo no ha aplicado la norma hasta sus últimas consecuencias, dado que las minas inspeccionadas, pese a las mil deficiencias detectadas, continúan abiertas.
De hecho, realizada una inspección en enero pasado a la mina "Lulú", perteneciente a la Minera Siderúrgica de Coahuila, semanas después se registraría un derrumbe que provocó la muerte de dos trabajadores: Daniel Vaquero y Juan Manuel Gómez.
El remedio, pues, resultó peor a la enfermedad, o si lo prefiere la norma se perdió ante la falta de energía de los funcionarios.
JAQUE A GASOLINERAS
De aprobarse una iniciativa para adiciones al Código Penal Federal colocada en la mesa de la Cámara de Diputados por el legislador de Nueva Alianza, Gerardo del Mazo, los gasolineros que defrauden a los consumidores con litros incompletos podrían ir a la cárcel.
La penalidad sería de entre cuatro y seis años.
De acuerdo al cálculo del legislador, alcanzan cinco mil 243 de las ocho mil 200 gasolineras instaladas en el país las que engañan al público al entregarles 9.5% menos de lo que está pagando.
El botín, ¡válgame Dios!, sería de ¡47 mil millones de pesos al año!, considerando que durante el 2010 se facturaron 439 mil 118 millones de pesos entre gasolina y diesel.
El negocio del milenio.
PERÚ SÍ... PERO NO
La condición impuesta por el Senado a la Secretaría de Economía para aprobar la negociación que le abriría la puerta a un Tratado de Libre Comercio entre Perú y México, es que la dependencia reabra el diálogo con los productores del campo para discutir sus objeciones.
Obsequiosa, la dependencia jugó a ganarle tiempo al tiempo poniendo oídos de artillero a los reclamos del Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Nacional Campesina para cerrar el capítulo en la fase previa a la visita del presidente Felipe Calderón al país sudamericano, por más que se adujo que la intención era ganarle la carrera a Estados Unidos, quien abrirá en 2012 su propio acuerdo mercantil con la nación inca.
Con lo que no contaba el titular de la dependencia, Bruno Ferrari, es con el freno del Senado, lo que volvió inocuo el panegírico lanzado por el Ejecutivo a favor del acuerdo.
El sainete fue de antología.
Albertobach@yahoo.com.mx
