Por una eficaz penalización de la violencia de género y el feminicidio se pronunciaron magistrados y jueces del país, al concluir la edición 35 del Congreso Nacional de la Comisión de Tribunales de Justicia (Conatrib), donde admitieron un rezago en la valoración y el castigo en esa materia.
Los juzgadores admitieron que el feminicidio y todos los delitos de violencia de género deben ser tipificados en todas las entidades bajo criterios unificados, "en los que se distinga la intención del sujeto activo de delinquir contra la mujer con la finalidad de demostrar o reafirmar su poder o control o superioridad".
De los 26 puntos de la relatoría de la mesa penal a la que llegaron los integrantes de los poderes judiciales de las entidades de la República, nueve de ellos se refieren a la necesidad de mejorar las leyes en estos temas.
Los jueces del país concluyeron que se debe "depurar la figura jurídica de feminicidio para lograr su correcta interpretación y aplicación, y erradicar la violencia de género", y que partiendo del principio de igualdad, independientemente del nombre que se le dé a los tipos penales, se sancione la violencia de género.
Al resaltar que deben "reconocer la actividad de la mujer y respetar sus derechos frente a la ley", ministros y jueces admitieron que los poderes judiciales deben asignar mayor presupuesto en capacitación para sensibilizar en materia de derechos humanos.
También plantearon crear un sistema de información y estadística sobre actos de violencia y discriminación que permita la actualización permanente de la ley, además de modernizar la forma de investigación de los delitos contra las mujeres.
El congreso de la Conatrib, cuya última reunión presidió Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, mencionó la importancia de "eliminar" los procesos conciliatorios en los delitos de violencia y aplicar alternamente terapias psicológicas que erradiquen la conducta violenta.
De al misma forma, indicaron que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas capaciten permanentemente a los funcionarios judiciales respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos humanos y en materia constitucional.
