'Lo que hicimos fue abrir un número de registro para hacer llegar información a la CPI sobre asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y otros crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el Gobierno del Presidente Felipe Calderón”. NETZAÍ SANDOVAL abogado mexicano
Un colectivo de más de 23 mil personas denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas federales y por los cárteles de la droga durante el sexenio de Felipe Calderón, con miras a que pueda integrarse un expediente formal en esa instancia.
"Lo que hicimos fue abrir un número de registro para hacer llegar información a la CPI sobre asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y otros crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el Gobierno del Presidente Felipe Calderón", explicó el abogado mexicano, Netzaí Sandoval, luego de entregar personalmente la comunicación a miembros del despacho del fiscal, Luis Moreno Ocampo.
"El fiscal deberá analizar la información presentada y decidir si la convierte o no en una causa formal ante la Corte", explicó.
Pretendemos atraer la atención del fiscal de la CPI para que eventualmente juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en las violaciones sistemáticas cometidas por las fuerzas del orden, señaló.
"No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue su responsabilidad de mando por no prevenir y castigar los crímenes sistemáticos cometidos por sus fuerzas de seguridad".
Sandoval, quien fuera asesor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, pidió además a La Haya ser congruente y darle a México un trato similar al de Colombia y Honduras, quienes tienen abierta en la fiscalía una investigación preliminar.
La CPI, una instancia que aspira convertirse en el máximo instrumento global para perseguir genocidas en el planeta, sólo actúa en casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU o en países parte de los Estatutos de Roma cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los Estados o fuerzas paralelas.
No obstante, la comunicación colectiva presentada busca demostrar que México, socio de la CPI, carece de las herramientas jurídicas para juzgar violaciones al derecho humanitario, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
También intenta demostrar que el Gobierno no tiene voluntad por castigar los abusos. Para ello presenta 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional por parte de fuerzas federales, como la tortura y las desapariciones.
En total, la comunicación está compuesta por unas 700 páginas y está dividida en tres grandes apartados donde se hace referencia a 50 mil personas asesinadas, 10 mil casos de desaparecidos y 230 mil desplazados por el clima de inseguridad.
Pero la información no se limita a señalar los delitos cometidos por las autoridades federales, también los crímenes de guerra cometidos por los cárteles de la droga, como es el uso de niños en combate, amputaciones y ataques a hospitales y centros de rehabilitación.
La documentación señala como máximos responsables de los crímenes al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, al de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a los líderes de los cárteles de la droga, entre ellos Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Archivo
NETZAÍ SANDOVAL
Abogado mexicano
Descarta Segob motivos para indagar
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, rechazó que exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente. La dependencia expuso que las autoridades mexicanas están convencidas de que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre la situación en México.
Ello debido a que la política de seguridad aplicada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y todos sus ciudadanos.
La Segob puntualizó que para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad, que son competencia de la CPI, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en México.
