Desde su reclusión en el centro penitenciario de Huixtla, el ex gobernador aliancista Pablo Salazar Mendiguchía acusó al gobierno estatal de desviar 900 millones de pesos en supuestas obras públicas a través del pago a un grupo de empresas de Oaxaca y Veracruz.
Durante una declaración preparatoria, el ex mandatario aseguró que ponía a disposición de la Auditoría Superior de la Federación dicha información para que sea validada.
"Son siete empresas mayoritariamente veracruzanas, recibieron 900 millones de pesos por adelantado y no realizaron un sólo trabajo; a diferencia de mis acusadores, que se apoyan en ocurrencias y en afirmaciones sin sustento, yo pongo a disposición de los interesados en validar esta información a la Auditoría Superior de la Federación que actualmente encabeza una investigación por este monumental fraude a las empresas Flobo, Savaz, Bernan, Moraza, Goli, compañía constructora del Sureste y Antzurio", sostuvo.
Salazar Mendiguchía denunció que mientras que a constructores chiapanecos los obligan a financiar la obra y terminarla en el menor tiempo, a los foráneos les pagan por adelantado hasta el 100 por ciento de la obra y no realizan ni un sólo trabajo.
Aseguró que las acusaciones penales en su contra, basadas en "suposiciones", se originaron a partir de que el aspirante a candidato a gobernador por el PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, expresó su intención de participar en la sucesión gubernamental en Chiapas.
En este sentido, el ex gobernador chiapaneco denunció la falta de un debido proceso jurídico en su contra.
Pablo Salazar enfrenta diversos procesos penales por presunto peculado de 104 millones de pesos, homicidio culposo, asociación delictuosa y abuso de autoridad, ejercicio indebido de la autoridad.
