Larrazábal. El alcalde de Monterrey, Feranando Larrazábal es acusado de mentir con relación al tema de los casinos.
Aunque el Municipio de Monterrey asegura que actuó a tiempo en el juicio interpuesto por los dueños del Casino Royale, lo cierto es que tanto el alcalde Fernando Larrazábal como su director jurídico se condujeron con mentiras, afirmó ayer el abogado Juan Gómez Jayme.
Con copias de las resoluciones del Tribunal Contencioso en la mano, el abogado de los propietarios del negocio señaló que el recurso de revisión interpuesto por el Ayuntamiento un día después de la tragedia ocurrida en la casa de apuestas es una muestra de que lo único que querían era aparentar que estaban actuando.
"Les dijeron a ustedes 'nosotros desde antes estamos interviniendo en el juicio', y el 26 (de agosto), a las carreras, fueron a llevar el escrito ése para aparentar que estaban muy pegados defendiendo los intereses del Municipio", expresó el litigante.
En días pasados se publicó que de acuerdo con documentos del caso, el Municipio se inconformó contra el retiro de los sellos de clausura hasta un día después de ocurrido el incendio provocado por integrantes de la delincuencia organizada, en el que 52 personas perdieron la vida.
En respuesta, el director Jurídico del Ayuntamiento, Adrián González, afirmó que sí actuaron con antelación y mostró copias de los recursos interpuestos desde junio.
Aseguró que lo que presentaron el 26 de agosto, un día después de la tragedia, fue un recurso de revisión contra el desechamiento de testimonios y pruebas ofrecidas, ocurrido el 28 de julio.
Gómez Jayme señaló que tras el incendio la situación del casino cambió radicalmente y, por lo tanto, cualquier recurso como el presentado ya no tenía sentido alguno y prueba de ello es que días después el juicio fue sobreseído.
Cuestionó además que desde el inicio del problema el alcalde se condujo con mentiras, pues afirmó que existía una suspensión otorgada por el Tribunal que le impedía realizar inspecciones en el casino siniestrado, cuando en realidad esa suspensión sólo amparaba a un local aledaño.
La autoridad, afirmó, nunca estuvo impedida para realizar sus labores de inspección cuando el negocio estuvo en operaciones, además de que éste nunca estuvo clausurado como en su momento implicó Larrazábal.
