Elementos del Ejército detuvieron y retuvieron ilegalmente a 23 policías de Tijuana y a dos civiles, a quienes además torturaron física y emocionalmente para autoincriminarse o acusar a otros compañeros de formar parte de la delincuencia organizada, según comprobó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un año y medio después de la detención, fueron liberados 13 policías por falta de pruebas en su contra y el resto continúa bajo proceso.
En su recomendación 87/2011, la CNDH señaló que entre el 21 y 31 de marzo de 2009, cuando Julián Leyzaola era jefe de la Policía local de Tijuana y bajo su anuencia, 23 policías de su corporación fueron detenidos con engaños y sin ningún tipo de orden judicial.
Posteriormente fueron trasladados al cuartel militar conocido como El Aguaje, donde fueron retenidos entre 3 y 39 horas de manera ilegal, antes de ser arraigados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras estuvieron retenidos, los policías y los dos civiles fueron incomunicados y sometidos a un catálogo de tortura: les vendaron los ojos, los esposaron o ataron en manos y pies, los tuvieron hincados por varias horas, los golpearon en el cuerpo, les golpearon los pies con tablas de madera, les cubrieron el rostro con bolsas de plástico, les vertieron agua en nariz y boca para provocar asfixia, les colocaron agujas en los dedos, les dieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluidos los genitales, los amenazaron de muerte y una oficial detenida sufrió además abuso sexual.
Las víctimas también acusaron que al rendir su declaración ministerial no fueron asistidos por el defensor público y en algunos casos no estuvo presente ni se les permitió solicitar abogado particular.
En su investigación, la Comisión comprobó que elementos militares incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura; mientras que ministeriales de la PGR también participaron en la en la retención ilegal. Esto provocó violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad y libertad personal.
CRÍTICAS A PGR En su recomendación, la CNDH hizo una acusación particular a Marisela Morales, titular de la PGR, porque la institución obstaculizó la investigación de las violaciones a los derechos de los detenidos, al no permitir acceso a peritajes médicos.
Paralelamente, dos activistas que tomaron en sus manos la defensa de los policías sufrieron hostigamiento y amenazas de muerte.
Silvia Vázquez y Blanca Mesina, defensoras de derechos humanos, la primera de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron medidas cautelares para garantizar su seguridad, pero éstas no han sido satisfechas por completo, al grado de que ambas abandonaron la ciudad y actualmente Vázquez no ha podido volver a Tijuana.