El exgobernador Narciso Agúndez, así como otros funcionarios de la administración anterior, enfrentan una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos, falsedad y coparticipación en conductas ilícitas, relacionados con la enajenación de predios en Los Cabos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la denuncia fue interpuesta ante el agente del Ministerio Público Especializado en Delito cometidos por Servidores Públicos, por el director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del Gobierno Estatal, José Refugio Carrillo Sánchez.
El procurador Gamill Arreola expuso que la denuncia menciona como probables responsables al exgobernador Narciso Agúndez, así como al exsecretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, además de quienes resulten responsables en agravio de la Administración Pública.
Sobre los hechos, explicó que se relacionan con la enajenación de siete bienes inmuebles en el fraccionamiento "El Pedregal" de Cabo San Lucas, los cuales fueron licitados en 2007 con un valor de 76 millones 200 mil pesos.
No obstante, tres años después, y pese a haberse mencionado que el precio total de la licitación estaba cubierto, en un convenio posterior se dejó sin efectos dicha licitación, con el argumento que no había sido cubierto el monto de la operación.
Posteriormente, en febrero de 2011 -dos meses antes de concluir Agúndez su período- los siete predios fueron vendidos nuevamente -fuera del proceso de licitación- según consta en escrituras públicas, por un valor total de 23 millones 980 mil pesos, por lo que existe, dijo el procurador, una aparente diferencia de 52 millones 220 mil pesos, en perjuicio y agravio del erario estatal.
Gamill Arreola añadió que el Gobierno del Estado demandó por la vía civil a Ramón Alejo Parra, exdirector de Asuntos Jurídicos de la administración pasada, así como a Héctor Ibarra, oficial mayor también en la administración que concluyó, por presuntamente incurrir en la simulación de actos jurídicos en perjuicio de la administración pública del Gobierno Estatal, derivado de un contrato de compra-venta en 2007.
Explicó que los exfuncionarios públicos realizaron en el año 2007 un convenio con trabajadores de una antigua maquiladora que dejó de operar -California Connections- a fin de pagar en parcialidades el importe de la liquidación total de los empleados de la empresa y adquirir a cambio los derechos de disposición y posesión del inmueble que los empleados se habían adjudicado mediante juicio a su favor.
Señaló que los empleados recurrieron al Gobierno del Estado a fin de que sirviera de promotor de dicho inmueble, con un valor de 27 millones de pesos, no obstante, ante la dificultad de la venta, se llegó al acuerdo anterior.
76
MDP
Es el valor de los bienes inmuebles licitados.
