La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas indicó que durante la declaración preparatoria del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por el presunto delito de homicidio doloso relacionado con la muerte de recién nacidos en el hospital general de Comitán de Domínguez, el ex mandatario se negó a responder los cargos en su contra y ofrecer pruebas que desmintieran las acusaciones del Ministerio Público.
Las afirmaciones de la PGJE fueron refutadas por los abogados defensores, Alfredo Domínguez Oliver y César Cerisola Trejo, al denunciar violaciones "flagrantes" al debido proceso, por parte del Juez Primero Penal, Julio César Morales Ríos, quien les ha negado de manera sistemática el acceso al expediente penal del procesado.
"Existen violaciones a los artículos 14 y 20 Constitucional, que establecen que el acusado posee todas la garantías para saber quién, por qué y de qué se le acusa, y de ser sujeto a un proceso, como lo determinan las leyes, pero el juez no permitió acceder a la orden de aprehensión, pese a que se le solicitó reiteradamente; si existiera un estado de derecho auténtico, Morales Ríos debería ser sujeto de una demanda penal", aseguró Domínguez Oliver.
El ex gobernador aliancista (2000-2006) enfrenta un primer proceso ante el Juzgado Tercero Penal, desde el pasado 14 de junio en el centro penitenciario El Amate del municipio de Cintalapa de Figueroa, por presunto peculado de 104 millones de pesos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones públicas.
La segunda orden de aprehensión fue girada el pasado miércoles, según el expediente penal 138/2011, relacionado con el fallecimiento de dos niños, ocurrido entre noviembre de 2002 y enero del 2003 en el Hospital General K de aquella ciudad de la región fronteriza de Chiapas, donde también fallecieron 22 bebés más, de acuerdo a la PGJE.
La Procuraduría añadió que Pablo Salazar escuchó las 41 testimoniales formuladas en su contra, ofrecidas por servidores y ex servidores públicos, al igual que las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables realizados al citado hospital general de Comitán de Domínguez.
Abundó que como parte de las pruebas presentadas, el Juez de la causa dio lectura a la declaración ministerial del ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, donde sostiene que de acuerdo a lo señalado por el entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, "el gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, porque era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000)"
"Además se expuso la testimonial del ex procurador general de justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti- también procesado por diversos cargos penales- que dijo había recibido órdenes directas y precisas de Salazar Mendiguchía para no profundizar en la investigación de la muerte de los bebés y archivar, como lo hizo, cada una de las averiguaciones previas iniciadas por estos hechos", indicó la dependencia del gobierno estatal.
Los abogados Domínguez y Cerisola denunciaron que de manera sistemática el juez Morales Ríos, les negó el acceso de la orden de aprehensión en contra del ex gobernador, con el argumento de que ésta se encontraba en reserva.
