Ramón Cossío. La implementación de los juicios orales podría traer consigo un alza en la impunidad debido al atraso en la capacitación.
MÉXICO, DF.- La implementación de los juicios orales podría traer consigo un aumento en la impunidad debido al atraso en la capacitación de los servidores públicos involucrados y el desfasamiento con los juicios de amparo.
Así lo planteó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, durante su ponencia en el simposio "La oralidad en el proceso penal como derecho humano", que se realiza en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.
"Son casos de un choque importante en el tipo de las mentalidades de la lógica de juicios orales que tienen inmediatez, celeridad, una serie de principios, de una enorme flexibilidad, y un juicio de amparo que está construido para darle una enorme rigidez al sistema a través de anulación de actos o de leyes o normas invalidas.
"Allí hay un problema central, no en cuanto a la lógica de confrontación entre los dos sistemas. No por la lógica del proceso penal mismo sino por la debilidad de la actuación de las autoridades", reconoció el Ministro.
Cossío destacó que permea la dilación en la preparación de los cuerpos policiales, de los servicios periciales, los ministerios públicos en el nuevo sistema y estas deficiencias de conocimiento repercutirán al momento en que en la audiencia única oral no se construya y sostenga la verdad, y las decisiones sucumban ante las impugnaciones del abogado defensor.
"No se ha dado un cambio institución completo, lo que es muy previsible que suceda es que empiece a absolverse a un número creciente de personas, no por culpa de los jueces, sino porque los jueces de instancia y luego los jueces de amparo van a tener que salvaguardar la condición de la presunción de inocencia.
"Esto puede dar lugar a una importantísima impunidad en los siguientes años. Creo que el juicio de amparo va a ser un juicio muy destructivo de los juicios orales porque los jueces de amparo estamos acostumbrados a ver las cosas en un alto grado de abstracción y a determinar violaciones a derechos fundamentales y podemos empezar a despedazar los juicios orales", mencionó.
El atraso, expresó el Ministro, puede deberse en gran parte al exceso de confianza en tiempo pues el sistema acusatorio se aplicará a partir de 2016, aunque en junio de este año ya deberán estar en funciones los jueces de ejecución.
"Los jueces de ejecución que entran en vigor en cuatro meses y no hay iniciativas, no han leyes, no hay presupuestos y evidentemente no hay jueces de ejecución.
"A partir del 19 de junio cuando una autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno del Estado que sea, determine las penalidades o de los beneficios de un sujeto, vamos a decirle en el juicio de amparo que es una autoridad incompetente que no podía haber determinado eso porque no tiene carácter de juez", precisó.
