Aunque del plato a la boca podría caerse la sopa, ya ve usted que el Congreso propone y los cabilderos disponen, en la sesión de mañana el pleno del Senado aprobará, finalmente, la minuta enviada por la Cámara de Diputados que le da cauce a reformas a la Ley Federal de Competencia Económica.
Se cerrará, así, el juego de ping pong en que se cayó ante las argucias priístas para descafeinar la propuesta original enviada por el presidente Felipe Calderón hace ya tres años. Y aunque al final del día no habrá cárcel para los directivos o funcionarios de empresas hegemónicas que reincidan en prácticas monopólicas absolutas, por ejemplo la creación de cárteles para fijar precios, repartirse territorios o desplazar la competencia; se le otorgan nuevas facultades a la Comisión en custodia del ordenamiento.
De entrada, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia podrá suspender hasta por cuatro meses una práctica anticompetitiva aún sin ventilarse el juicio correspondiente, siempre y cuando se haya dictado un oficio de probable responsabilidad, cuando exista certeza plena de que su ejecución es del interés de los consumidores.
Estamos hablando, por ejemplo, de una concentración entre dos o más empresas hegemónicas, o la fijación por parte de éstas de precios uniformes para un producto.
De acuerdo a lo previsto, la suspensión podría prorrogarse hasta por dos periodos iguales, siempre y cuando exista una causa plenamente justificada y la acción sea aprobada por al menos cuatro de los cinco comisionados.
Sin embargo, el organismo podrá fijar una caución a cambio de levantar la suspensión, cuyo monto sería directamente proporcional al daño causado. En paralelo, aunque se soslayó la posibilidad de visitas-sorpresa a empresas sospechosas de prácticas monopólicas, por ejemplo, el utilizar subsidios cruzados para desplazar indebidamente a un competidor, se le otorgan facultades a la Comisión Federal de Competencia para solicitar informes y documentos que estime relevantes para una investigación.
Las instancias requeridas tendrán un plazo de 20 días hábiles para la entrega... aunque podría prolongarse al doble, en una sola ocasión, a petición expresa por escrito de la afectada.
Asimismo, de acuerdo a una modificación al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, la CFC tendrá facultades no sólo para investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones, sino para publicar lineamientos en materia de competencia o libre concurrencia en coordinación con la Secretaría de Economía, y en su caso la de Hacienda.
Su ámbito alcanzaría el otorgamiento de concesiones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. De hecho, podrá sancionar la publicación de licitaciones públicas nacionales o internacionales.
Aunque hasta hoy se requiere su opinión en todos los casos, de acuerdo a la reforma la práctica será obligatoria.
Del otro lado de la moneda, empero, el presidente del organismo tendrá un periodo de cuatro años, frente a los seis que previene la ley actual, reservándose el Senado la posibilidad de ratificar o rectificar los nombramientos de éste y el resto de los integrantes del pleno que realice el Presidente de la República.
Queda vedado a éstos pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los expedientes de investigaciones o procedimientos administrativos que pudieran causar perjuicios directos o indirectos a las partes involucradas, hasta que se le haya notificado a éstas la resolución correspondiente.
Además, cada cinco años la dependencia deberá hacer pública una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar de los consumidores que haya generado su actuación.
El informe será turnado al Congreso para su evaluación. En prenda de certeza, se plantearán los criterios técnicos relativos a la aplicación de sanciones, así como un resumen del daño provocado por el infractor. De hecho, la instancia en lucha contra las prácticas monopólicas se adelantó a la posibilidad al transparentar no sólo la forma en que se votó la colosal sanción aplicada a Telcel, sino el escenario que provocó la supuesta reincidencia.
Se diría, pues, que no llegó la anhelada reforma, pero tampoco se planeó el tradicional gatopardismo en que se incurre.
Algo es algo.
BALANCE GENERAL
En su primera reacción formal a la megamulta que le impuso la Comisión Federal de Competencia, Telcel califica a la resolución que la motivó de "arbitraria, parcial, oportunista y excedida" (y si quieres más, me avisas).La empresa asegura que el señalamiento de reincidente no procede, toda vez que nunca ha sido sancionado por la práctica de que se le acusa. Ahora que ésta, conocida en el argot como "on-net", es común en todos los mercados del planeta. Estamos hablando de plantear ofertas para incrementar la comunicación entre sus clientes. Según ello, además, la Comisión Federal de Competencia (CFC) actúa arbitrariamente al comparar algunas tarifas al público con servicios intermedios como la interconexión, la cual, señala, "es erróneo y parcial". Ahora que las tarifas de interconexión impugnadas fueron acordadas entre los propios competidores, incluyendo algunos de quienes plantearon la denuncia, y avaladas en diferentes momentos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante el periodo de investigación.
Por lo pronto, la firma ya presentó un recurso de reconsideración.
GASERAS PIRATAS
Finalmente la Procuraduría General de la República confirmó lo señalado en este espacio hace algunas semanas con relación a cuatro empresas gaseras a las que se les descubrió en flagrancia surtiéndose del combustible extraído en una toma clandestina.Las firmas que enfrentarán juicio son el grupo Tomza de los hermanos Enrique y Tomás Zaragoza; Axagas, Usagas y Gas Express Nieto.
La toma clandestina se localizaba en Tultepec, Estado de México.
La investigación alcanza a otros 15 camiones que se surtían del mismo boquete, cuyas razones sociales se ocultaban de las portezuelas.
¿YA LLEGÓ PAULA?
A diferencia de Adriana Abascal, la exseñorita México quien sería la última compañera sentimental de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como "El Tigre", que soslayó el escándalo a cambio de propiedades en el extranjero del que fuera presidente de Televisa, con énfasis en un lujoso yate, Paula Cusi Presa Matute, casada legítimamente con el magnate, decidió llevar la sucesión a sus últimas consecuencias.
De acuerdo a la mujer que en guión de telenovela pasó de lectora de horóscopos a consorte del patrón, Azcárraga había dejado un testamento en el que pedía dividir su fortuna en seis partes iguales: Una para ella; otra para Abascal, y el resto para sus cuatro hijos. La proporción era de 16.6%. El juicio se ha prolongado por 14 años, en medio de alegatos de haberse ocultado parte de los bienes y de venderse ilegalmente acciones de Televicentro, la controladora original de la televisora.
La "osadía" la paga hoy con cárcel la viuda.
