El procurador general de Justicia, Erick Holder, defendió hoy a capa y espada la actuación del Departamento de Justicia ante el escándalo provocado por la operación 'Rápido y Furioso' y sostuvo que no renunciara al cargo.
Bajo un hostil interrogatorio de legisladores republicanos que generó por momentos fricciones con los demócratas, Holder reiteró su temor de que los efectos de la fallida operación que permitió el ingreso ilegal de dos mil armas a México se sentirán por años.
'Aunque el Departamento ha tomado pasos para asegurar que tales tácticas no sea usadas otra vez, es una desafortunada realidad que vamos a continuar sintiendo los efectos de esta defectuosa operación por años', admitió ante legisladores de la cámara baja.
Al comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Holder anticipó que las miles de armas de las que perdieron el rastro en el operativo 'van a continuar apareciendo en escenas del crimen en ambos lados de la frontera'.
El funcionario resistió asimismo los embates republicanos, que demandaron el despido de los funcionarios detrás del operativo, y por momentos parecieron cuestionar su permanencia al frente del Departamento de Justicia.
Interrogado por el congresista republicano Michael Quigley, Holder dijo que no tenía la intención de renunciar o despedir a funcionarios 'con base en la información que se tiene ahora'.
Antes, el también republicano James Sensebrenner pidió que rodaran 'algunas cabezas' y solicitó a Holder que explicara que hará 'para limpiar el desorden', al aludir la posibilidad de invocar un juicio político.
'Los estadunidenses necesitan la verdad y no la han recibido de lo que ha salido del Departamento de Justicia', manifestó el legislador, que reprochó a Holder su resistencia para deslindar responsabilidades por la fallida operación de trasiego ilegal de armas a México.
"Si no llegamos al fondo de esto y se requiere de más asistencia para eso, existe solo una alternativa que tiene el Congreso, y se llama juicio político. Pero no quiero ir tan lejos", advirtió.
La amenaza generó una airada replica de la demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, quien aseguró que mas allá de determinar si la alusión de Sensenbrenner estaba dirigida a Holder, en este caso, 'no existen bases para un juicio político'.
El congresista republicano por California, Darrel Issa, reviró al señalar que 'es muy probable' que las inconsistencias en la información y testimonio de los funcionarios del Departamento de Justicia 'haya sido deliberado'.
'Hay mucha gente que tiene culpa, pero señor procurador general, la culpa debe ir a su escritorio y hoy usted debe asumir responsabilidad real. ¿Por qué no ha despedido a mucha gente involucrada?', le preguntó Issa a Holder.
Issa, uno de sus acérrimos críticos, reprochó a Holder la muerte del agente de la patrulla fronteriza Bryan Terry, que -a decir suyo- murió a consecuencia del operativo.
Holder, único testigo en la audiencia, lamentó que 'algunos estén usando una inapropiada e inflamatoria retórica sobre una tragedia particular'.
Insistió que muchas preguntas serán respondidas una vez que concluya la investigación del Inspector General, al reiterar que 'nadie en el Departamento de Justicia ha mentido'.
