La solicitud del alcalde Eduardo Olmos, en el sentido de que el Cabildo que preside lo autorice a gastar en publicidad el presente año, una cantidad de dinero equivalente a la destinada al combate a la pobreza, revela un mal de nuestro tiempo, que en el caso de la ciudad de Torreón alcanza proporciones inadmisibles.
Como informó El Siglo de Torreón el sábado pasado, el titular de Comunicación Social presentó el avance presupuestal correspondiente el mes de enero a regidores y síndicos, argumentando que el Municipio "está a merced de la agenda periodística que manejan los medios informativos...", por lo que defendió la aprobación de una cantidad superior a los cuarenta y dos millones de pesos para pagar espacios que difundan la obra de gobierno, con el objeto de generar un mayor acercamiento con la ciudadanía, de manera que se mejore la percepción respecto a la actual administración.
La declaración resulta ser de un cinismo increíble que además pone en entredicho a los medios de comunicación, porque pareciera que el Municipio tiene la intención de utilizar tales recursos para determinar los contenidos informativos en nuestra ciudad y región, como antecedente que le permita a su vez, condicionar la percepción de los ciudadanos respecto del desempeño de la administración que encabeza Eduardo Olmos.
Ocurre que hemos perdido la capacidad de asombro, porque de tiempo atrás se ha borrado la línea divisoria entre la propaganda política y la publicidad comercial, de manera que en la actualidad la procuración efectiva del bien común en el terreno de la realidad de los hechos concretos, para un gobierno es secundaria y menos importante que la percepción virtual que respecto de la obra de tal gobierno tenga el colectivo ciudadano. En otras palabras, lo importante es parecer y no ser.
Esta visión explica los desplantes propagandísticos de la administración actual del Municipio que acompañaron al pretendido "rescate" de Torreón, que a principios del año pasado envolvió a nuestra ciudad en un activismo febril en el que vimos desfilar máquinas pavimentadoras, cuadrillas de trabajadores barriendo calles y hasta la picota demoliendo el edificio del Palacio Municipal, como un fenómeno fugaz que se redujo a un arrancar de caballo y parar de burro. Una buena relación entre autoridad y medios de comunicación es indispensable para la buena marcha de una sociedad, en la medida en que la participación ciudadana en su sentido e intensidad, es fruto en gran medida de la información difundida a través de los medios, pero el éxito de ese proceso no depende de un gasto desmedido, sino de la calidad de los contenidos, en cuanto a que correspondan a la verdad.
La administración de Eduardo Olmos debe saber que el ciudadano promedio está dotado de una inteligencia suficiente que le permite comparar el mensaje difundido por el gobierno con el resultado de su desempeño en los hechos, de suerte que si el mensaje corresponde a la realidad genera el reconocimiento del destinatario, pero si existe una diferencia brutal entre ambos, el efecto es contraproducente, porque el ciudadano lo percibe como burla.
No es que los medios de comunicación impongan su agenda a la autoridad, sino que en el caso de Torreón la autoridad no tiene una agenda orientada al bien común de la sociedad. Bien argumentaron los ediles que cuestionaron el gasto referido, en el sentido de que el reconocimiento ciudadano no se obtiene mediante anuncios publicitarios, sino con obras de beneficio social.
