Desempeño. Cuatro autoridades encargadas de seguridad pública aparecen entre las señaladas por presuntas violaciones de derechos humanos, tan sólo en el lapso del 1 al 31 de enero; también destacan el Cereso 2 de Gómez Palacio y el IMSS. EL SIGLO DE TORREÓN
Las inconformidades no cesan. La Dirección de Investigación de Delitos (DID) inició el 2011 como la autoridad con más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Según el informe del organismo estatal, durante el mes de enero se recibieron 16 quejas contra los elementos de la DID, que anteriormente era la Agencia Estatal de Investigación, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad pero a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Durante este mismo periodo se recibieron también siete inconformidades ciudadanas dirigidas contra soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Décima Zona Militar.
Otra autoridad que se mantuvo dentro de la lista de quejas de la CEDH es la Dirección Municipal de Seguridad Pública, cuyos elementos presuntamente cometieron irregularidades en su actuación y ameritaron seis denuncias.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es, por el momento, la única autoridad del Sector Salud que aparece en la lista de quejas de la CEDH, pues existen cuatro expedientes en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos de sus derechohabientes; el motivo de las quejas es "omitir proporcionar atención médica".
La Policía Federal es la segunda autoridad de ese orden de Gobierno que registra quejas de ciudadanos duranguenses, luego de que del 1 al 31 de enero se recibieron tres denuncias contra estos elementos. Con igual cantidad aparece también el Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de la ciudad de Gómez Palacio, el cual durante los últimos meses ha sido escenario de varios hechos violentos.
El organismo de derechos humanos a nivel estatal detalló que los principales motivos de queja contra las corporaciones de seguridad radican en "detenciones arbitrarias; apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada; incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias; tortura, y ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada".