Decía Tácito que "el poder nunca es estable cuando es ilimitado". La concentración del poder puede contribuir a sacar adelante proyectos y a cumplir objetivos de corto y mediano alcance, pero a la larga siempre creará más problemas que soluciones. La concentración del poder no es sinónimo de eficiencia porque es antónimo de transparencia y rendición de cuentas. El que tiene un poder sin contrapesos ni acotaciones, hará un uso discrecional del mismo. Y esto nunca será benéfico para una sociedad. Cualquier régimen de estas características engendra en su seno las causas de su inestabilidad.
Una de las características principales de la administración estatal que está por concluir en Coahuila es la concentración del poder. En su sexenio, Humberto Moreira mantuvo un férreo control de todo el aparato político estatal. Y si bien es cierto que con esa omnipotencia el actual presidente nacional del PRI consiguió como gobernador importantes avances en materia de infraestructura y desarrollo social, los graves problemas que se derivaron del excesivo poder ejercido empequeñecen esos logros, los cuales, dicho sea de paso, son los mínimos a los que un gobierno está obligado a ofrecer.
La concentración de poder en la figura del mandatario estatal tuvo su réplica en tres áreas estratégicas de la administración moreirista, a saber, desarrollo regional, seguridad y finanzas. Y es precisamente en esas áreas donde mayores rezagos y problemas se tienen ahora. Revisemos una a una.
El insistente reclamo de un sector de la sociedad lagunera de que a esta región no se le da el mismo trato que a la capital del estado, sirvió de pretexto para crear la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna (SDRL) a principios de 2007. Eduardo Olmos, actual alcalde de Torreón, fue nombrado titular de la nueva secretaría que absorbió a las dependencias estatales de Obras Públicas, Desarrollo Social y Turismo en la región.
La controversia rodeó a la SDRL desde el principio. A las críticas del posible uso electoral que se le daría, se sumó una controversia constitucional presentada por la administración municipal del panista José Ángel Pérez, medida que provocó la paralización de obras y programas estatales en la comarca. Finalmente la controversia no trascendió y la SDRL sirvió como trampolín para que Olmos se lanzara primero por la diputación local y luego por la presidencia municipal.
A raíz de la salida de Eduardo Olmos, el Gobierno del Estado comenzó a desmantelar la secretaría. El balance hoy es, a todas luces, negativo. La desatención hacia La Laguna persiste a pesar del discurso oficial. Los datos así lo comprueban. De 2006 a 2010 -año hasta el que se tienen cifras oficiales de recursos detallados por regiones, ya que en el sexto informe no se incluyó este desglose-, la inversión pública en infraestructura vial en Torreón fue la mitad que la de Saltillo; y el monto de la inversión privada en La Laguna fue apenas una treceava parte de la que arribó a la región Sureste. A lo anterior hay que sumar los proyectos fallidos, como el Metroparque, y las obras inconclusas, como la Gran Plaza y la nueva Presidencia.
La falta de resultados ha sido también la constante de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde su creación en febrero de 2009. Al fusionar la Procuraduría General de Justicia con la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Jesús Torres Charles, se pretendía incrementar el estado de fuerza policial y mejorar la prevención, el combate y la investigación del delito. El aumento del número de elementos era una consecuencia obvia, pues a los policías investigadores se sumaron los preventivos estatales. El problema es que esta concentración de fuerza no se tradujo en una disminución de los índices delictivos que, por el contrario, no han dejado de subir.
Según las estadísticas disponibles en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de robos en 2008, un año antes de la creación de la FGE, fue de 47; y en 2011, hasta septiembre, el promedio diario es de 61. Pero más preocupante es el incremento que ha tenido el robo violento, pues la proporción respecto al total de robos ha pasado de 9.3 por ciento en 2008 a 18.7 por ciento en 2011. Otro dato que refleja el deterioro de la seguridad en Coahuila es el de los homicidios dolosos, que prácticamente se han triplicado durante el mismo período.
Al respecto, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, ofrece en su Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) conclusiones en el mismo sentido. Desde el inicio de la administración de Humberto Moreira y hasta los primeros cinco meses del "interregno" de Jorge Torres, los indicadores de homicidio, extorsión y robo violento registran incrementos sostenidos, a excepción del de secuestro, que tuvo un pico en los primeros años de Moreira y ha disminuido en 2011, aunque todavía está muy por encima del indicador del sexenio anterior.
Aunque se puede argumentar que en el problema de la inseguridad existe una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, lo cierto es que la Fiscalía, en lo que le toca, no ha dado los resultados esperados. El fracaso de esta "superdependencia" quedará consumado una vez que asuma el cargo de gobernador Rubén Moreira, quien ya adelantó el retorno al antiguo modelo bicéfalo de seguridad pública.
El mismo destino le espera al Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), la institución estatal más cuestionada en estos días. Cuando se anunció su creación en febrero de 2010 se dijo que los objetivos eran aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, mejorar la recaudación de impuestos y elevar la calificación crediticia del Estado.
Así, en el nuevo organismo quedaron integradas todas las áreas captadoras de impuestos estatales, el Registro Público de la Propiedad, la Promotora para el Desarrollo Minero y la Promotora Inmobiliara para el Desarrollo Económico. Todo en manos de una sola persona de nombre Javier Villarreal, miembro del círculo más cercano del gobernador con licencia. El saldo de esta concentración de funciones es de todos conocido: una deuda de 33 mil 867 millones de pesos, -105 veces más que la dejada por Enrique Martínez-, en parte contratada con documentación falsa, y hasta el momento no transparentada ni justificada.
Humberto Moreira concentró demasiado poder para sí mismo en una gubernatura que luego abandonó para seguir sus aspiraciones personales. Durante su mandato, creó "megainstituciones" con enormes atribuciones y dudosos objetivos que evidentemente no se cumplieron, dejando una especie de agujeros negros que empiezan a causar los primeros dolores de cabeza a su hermano, el futuro gobernador. Hay quienes, optimistas, piensan que con Rubén Moreira las cosas serán diferentes. Pero sin contrapesos, sin oposición en el congreso, sin límites de control, no tendrían por qué serlo...aunque queda la esperanza de que, como dijo Séneca, "todo poder excesivo dura poco".
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