Los obligados a defender las instituciones por juramento o por protesta constitucional -y por haberse erigido en sus defensores cuando AMLO las mandó verbalmente al diablo- son los que ahora aparecen enviándolas en los hechos al mismo Belcebú, concentrados, como están, en una sucesión de luchas desbordadas por conservar, acrecentar u obtener poderes, prebendas y privilegios.
Las instituciones del Poder Ejecutivo, diseñadas por la Constitución para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes, aparecen ahora empeñadas -incluso las de procuración de justicia- en cumplir tareas y objetivos electorales para cuyo alcance no vacilan en pasar sobre todo tipo de normas.
Las instituciones del Poder Legislativo y sus miembros empezaron ayer el último periodo ordinario de la actual legislatura con una agenda retórica de iniciativas, dictámenes y deliberaciones propias, en efecto, de legisladores. Pero se trata de verdaderas cortinas de humo para los medios, porque la agenda real está orientada a colocarse en las siguientes posiciones de poder a que aspiran, y a sacar las tareas electorales de sus grupos y partidos en este año decisorio.
Y qué decir de las instituciones del Poder Judicial. La próxima semana se estrena el documental "Presunto culpable" que muestra cómo el aparato judicial que pende sobre la gente común hace tiempo está confinado en los infiernos. Mientras que nuestra orgullosa SCJN, a la que suelen llegar los asuntos de la gente menos común, está ahora semiparalizada para resolverlos porque, a falta del ministro número 11, los diez en funciones tienen 25 casos indefinidamente empatados en su primera Sala y uno en el pleno.
Esta parálisis no es desde luego atribuible al Tribunal Constitucional, sino al Ejecutivo, que primero provocó que el Senado le regresara una terna por la obcecación presidencial y de su partido en sacar adelante una carta marcada (y hasta ahora el Presidente no ha enviado una nueva terna, en la misma línea de seguir trasladando las instituciones al chamuco). Lo que sí es atribuible a la Corte es el entramado infernal de intereses familiares y de grupo que plagan, hipertrofian y encarecen al Poder Judicial a extremos también demoniacos, con el agregado de que ahora se adoptan medidas de respuestas cosméticas por parte de los principales beneficiarios de la endogamia y el nepotismo que contribuyen a afirmar también a esta institución en el averno.
Y ya para qué hablar de las instituciones de nuestro cada vez más contrahecho poder electoral, constituido tanto por los órganos electorales de los estados como por el órgano federal, el IFE. Aceleradamente endemoniadas estas instituciones en 2006, la celebrada reforma electoral de 2007 las despachó una vez más a Lucifer, al disponer el reparto por cuotas para los partidos de los más altos cargos de decisión y de supervisión en materia electoral: erigió en reguladores a los que el órgano debe regular.
DIABÓLICO FINAL Pero la cola del maligno las acabó de enredar en el pasado periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, cuando, esta vez unidos en sus exitosas alianzas electorales, los partidos que en 2006 se satanizaron hasta el borde de casi incendiar al país, el PAN y el PRD, decidieron no conservarle su cuota al PRI, al terminar el período de dos de sus propuestos, lo que mantiene al Consejo del IFE sin tres de sus miembros. Y sin, al menos, los equilibrios partidistas del nuevo diseño, los hoy aliados consejeros que responden al PAN y al PRD están cambiando las reglas en su favor en cada elección, lo que apunta a una nueva temporada mexicana en el infierno electoral.
De esta manera, si Andrés Manuel sólo se atrevió hace cuatro años a mandar verbalmente al diablo a las instituciones, los demás se las llevaron personalmente al mismo Satanás y se las dejaron encargadas para que hiciera todas sus diabluras en el satánico fin de sexenio que nos espera.
(Académico)
