Amnistía Internacional consideró que las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, dijeron que estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, pues por la procuración de justicia a las víctimas por parte de las instituciones castrenses, ha fallado constantemente.
"Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias" ha dicho ayer Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permanecerán en prisión", dijo.
La secretaría de la defensa (Sedena) anunció que una Corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6 mil quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.
De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan sólo dos funcionarios del Ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006.
Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles.
A principios de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar.
