CIDH. En países como México, donde hay protocolos para evitar la revictimización de mujeres, éstos no son aplicados por los funcionarios.
La violencia sexual cometida por elementos del Ejército contra mujeres en México queda en la gran mayoría de los casos en la impunidad, que es favorecida por la existencia del fuero militar, indica un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundido ayer.
"En la región, sólo México cuenta con un fuero especial para el juzgamiento de militares, aunque sus acciones sean constitutivas de violaciones a los derechos humanos", señala el informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica.
"La experiencia, hasta ahora, ha sido que la violencia sexual cometida por militares ha quedado en la impunidad. Las mujeres que han exigido responsabilidad por abusos sexuales cometidos por estos agentes estatales se han enfrentado a una atención médica deficiente, exámenes forenses inadecuados y a un sistema judicial que no ofrece garantías mínimas de obtener una sentencia imparcial e independiente".
Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, recuerda, han señalado de forma reiterada la responsabilidad del Estado mexicano, especialmente en casos de violencia sexual contra mujeres indígenas.
"La Comisión Interamericana ha indicado que la violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad de un Estado contra integrantes de la población civil constituye en todos los casos una grave violación de los derechos humanos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, así como de las normas de derecho internacional humanitario", apunta.
"También ha considerado que los abusos cometidos por las fuerzas militares contra la integridad física, psíquica y moral de las víctimas constituían tortura".
La CIDH realizó el informe con base en análisis de los casos de violencia sexual que han llegado a los organismos internacionales de derechos humanos y en un cuestionario que envió a los Estados de la región mesoamericana.
Luego de revisar los patrones, encontró que las agresiones y la impunidad son resultado de una cadena de fallas estructurales, que parten del estigma y discriminación a las mujeres por parte de las autoridades que desestiman sus reclamos.
"El común denominador en los países mesoamericanos es que se haga recaer la culpa sobre las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, la respuesta judicial tiende a ser sesgada", indica el reporte.
La mayoría de los organismos de justicia, reprocha, desconoce o no utiliza los instrumentos internacionales o nacionales de prevención de la violencia y no tiene capacidad ni herramientas para la investigación, lo que provoca sea ineficaz en la protección de las víctimas y en el castigo a los perpetradores de la violencia sexual.
Detalla que en países como México, donde existen protocolos para evitar la revictimización de las mujeres, éstos no son aplicados por los funcionarios, y en el caso de la investigación se ignoran.
