Reformas al Código Penal. Señalan analistas que las reformas propuestas por Calderón violan en algunos puntos los derechos humanos.
La reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que planteó el presidente Felipe Calderón contiene elementos autoritarios y arbitrarios para la persecución del delito, que podrían derivar en mayores violaciones a los derechos humanos, advirtieron especialistas.
Alertaron que permitir la prisión preventiva para delitos "contra la seguridad de la nación", las detenciones de "urgencia", el inicio de investigaciones por "denuncias anónimas", el uso de agentes infiltrados o la grabación de personas y vehículos, así como el uso de llamadas telefónicas entre particulares, son "regresivos" y podrían derivar en un estado de excepción.
"En el contexto de violencia en el que está planteada, lleva a justificar medidas violatorias, autoritarias, la falta de acción en relación con los derechos. Eso da pie a acciones regresivas como la intervención de comunicaciones, la ambigüedad en delitos a perseguir", señaló José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
En el artículo 215 de la propuesta se permiten las detenciones "en caso de urgencia", sin necesidad de contar con autorización judicial, bajo los supuestos de algunos criterios subjetivos como el "riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia" o "por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda acudir ante la autoridad judicial".
"Les das facultades muy delicadas y, en lugar de restringir, se amplía con un catálogo de delitos ambiguos que pueden ser campo fértil de abusos", consideró Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Otro foco rojo para los activistas es el valor que se les da a las denuncias anónimas en el artículo 158 para motivar cateos e investigaciones. De no controlarse, este mecanismo podría ser utilizado para hostigar, perseguir, consideró. "En concreto, nos preocupa que se actúe contra personas que tienen actividades como defensoras de derechos humanos, líderes sociales, de organizaciones. A los ojos de otra persona pueden cumplir los estándares de 'sospechoso' y, si no hay precisión, se presta que se realicen intervenciones arbitrarias.
"No tendría que estar basada la persecución del delito en las denuncias anónimas, sino en investigación científica", consideró Marroquín Barrera. Además, el artículo 265 presenta un listado de delitos que podrían merecer prisión preventiva, entre ellos "delitos contra la seguridad de la nación", sin que exista una definición de ello.
Sobre las ampliaciones a las facultades del Ministerio Público, vistas en el artículo 158, Robles Maloof advirtió que dan pie detenciones y cateos sin supervisión judicial.
Coincidieron en que el documento requiere una revisión exhaustiva y pública de las implicaciones que tendría en el tema de derechos humanos.
Archivo
Insta Blake a aprobar reformas al código
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora condenó la violencia "irracional y estúpida" del crimen organizado y advirtió que toda la fuerza del estado y la ley estarán presentes para proteger los derechos y las libertades de las personas.
El encargado de la política interna del país aseguró que las fuerzas federales combaten a todos criminales llámense "Zetas", Cártel del Golfo, Pacífico o "Nueva Generación" y más temprano que tarde estarán ante la justicia para pagar por sus crímenes.
Al clausurar el XI Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, se refirió al homicidio de 35 personas en esta ciudad, y dijo que junto al Gobierno del Estado se realizarán operativos y la depuración de los cuerpos policiacos.
Al hacer un recuento de los trabajos realizados durante el encuentro entre procuradores y jueces, Mora hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar y aprobar la iniciativa presidencial del Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, pues entre sus bondades se encuentra mayor reconocimiento de los derechos de las víctimas y el garantizar el debido proceso de los presuntos imputados en delitos.
Al clausurar Encuentro, la procuradora general de la República (PGR) Marisela Morales aseguró que se acordó mejorar la coordinación entre ministerios públicos y jueces para castigar el delito pues en su tarea hay cabida para la autocomplacencia, y menos para el aislamiento.
"Hemos logrado avances importantes, pues hemos conocido propuestas para que los mecanismos de coordinación tengan características cada vez más homogéneas que faciliten la comunicación y hagan más eficiente el trabajo de ambas funciones en el sistema de justicia", dijo.
