Quejas. Entre enero y octubre de 2010, la CNDH recibió 5 mil 815 quejas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales 344 fueron contra el INM. NOTIMEX
El Gobierno mexicano planea una purga en su organismo federal de migraciones, aquejado por la corrupción, luego de un año en que los derechos de los indocumentados que cruzan el país sufrieron gravísimas violaciones, incluida la matanza de 72 centro y sudamericanos cerca de la frontera con Estados Unidos.
La administración del presidente Felipe Calderón ordenará esta semana la que se vislumbra como la mayor depuración del Instituto Nacional de Migración (INM), que incluirá la remoción de varios altos directivos, adelantaron funcionarios federales que no tenían autorización para ser identificados en la prensa antes del anuncio oficial.
También se reformarán diversas prácticas que han causado omisiones, descuidos e incluso posibles actos de corrupción, dijeron los funcionarios, sin dar detalles.
Los funcionarios dijeron que la depuración se realizará luego que el Gobierno Federal ordenó un diagnóstico sobre las fallas en el INM. El ente está entre las diez dependencias federales con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías individuales, que incluyen detenciones arbitrarias y retenciones ilegales de migrantes.
Entre enero y octubre de 2010, la CNDH recibió 5 mil 815 quejas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales 344 fueron contra el INM.
La purga se hará luego de uno de los peores años para los migrantes que pasan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Además de la masacre de 72 indocumentados en agosto, en diciembre se denunciaron al menos dos secuestros de grupos de centroamericanos, lo que reavivó el debate sobre la respuesta que México da a los casos de agresiones a los migrantes.
Los secuestros denunciados -incluido uno de 50 personas presuntamente ocurrido el 16 de diciembre- movilizaron a gobiernos de centroamérica, que en un tono inusualmente duro reclamaron a México investigar los casos y advirtieron de una escalada de violencia contra los migrantes.
El Gobierno mexicano, que siempre ha exigido a Estados Unidos un trato digno para sus migrantes, ha sido criticado en varios momentos por organizaciones civiles por no garantizar el respeto a los derechos de los centro y sudamericanos que pasan por el país.
Uno de los últimos hechos que evidenciaron las deficiencias internas del Instituto fue la fuga de nueve hondureños indocumentados de un centro de retención temporal de migrantes en el estado central de Hidalgo, el 21 de diciembre.
Los hondureños escaparon a través de un boquete que supuestamente hicieron en una de las paredes del lugar. Nadie oyó nada, a pesar que las autoridades creen que el hoyo tuvo que haber sido hecho con algún objeto difícil de silenciar.
La fuga fue de noche, pero recién fue reportada la mañana siguiente.
Los funcionarios dijeron que lo menos que mostró el escape es el descuido de las autoridades del lugar. Las investigaciones sobre posibles responsabilidades aún continúan, aunque en principio el agente migratorio en turno fue removido de su cargo.
También se han encontrado casos calificados de omisiones, como en Tamaulipas, donde la delegación del INM se ha negado a recibir a migrantes cuando las Fuerzas Armadas los presentan tras haberlos detenido.
La autoridad migratoria está obligada a recibir a los migrantes pero, según los funcionarios, los agentes de Tamaulipas, uno de los estados más afectados por la violencia del narcotráfico, argumentaron que habían recibido amenazas de traficantes. Al parecer, éstos buscaban que los migrantes permanecieran desprotegidos en la calle.
La evaluación del INM halló las mayores irregularidades en Hidalgo, Coahuila, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de la capital del país, donde hace unos meses se descubrió que un extranjero traficaba drogas desde una instalación migratoria y al menos un par de agentes han sido detenidos por presunto tráfico de migrantes chinos.
El INM es encabezado por Salvador Beltrán del Río, que asumió el cargo en octubre en sustitución de Cecilia Romero. Ésta renunció luego de la masacre de agosto en Tamaulipas, presuntamente obra de narcotraficantes.
Tras investigaciones que pueden durar meses, la CNDH ha documentado distintas violaciones en los últimos años.
En 2007, 12 centroamericanos casi murieron asfixiados en una camioneta en la que fueron encerrados por agentes migratorios en represalia por no haberles entregado un soborno. Al año siguiente, la comisión dijo que funcionarios migratorios toleraron que marinos golpearan y detuvieran ilegalmente a indocumentados durante dos operativos que involucraron a 223 migrantes.
Alerta ONU intolerancia a extranjeros en México
La tolerancia de los mexicanos hacia los extranjeros es menor a lo que habitualmente se piensa y su expresión más grave es el trato a los centroamericanos, indicaron estudios entregados a la representación de las Naciones Unidas en México.
'La imagen prevaleciente de México como país solidario y abierto hacia los extranjeros es discutible', indica el estudio 'Apuntes para la reflexión sobre la intolerancia en el México actual', entregado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Desde 2005, la Encuesta Nacional sobre Discriminación adelantaba que 42.1 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a vivir bajo el mismo techo que un extranjero y 45 por ciento de los refugiados en México reportaba discriminación laboral.
Pero 'la más grave y dramática manifestación del desprecio a los extranjeros en México son las expresiones extremas de agresión y homicidio hacia los migrantes, básicamente centro y sudamericanos', señala el documento. Además, detalla que 3.5 por ciento de los mexicanos considera a los extranjeros como un grupo potencialmente generador de conflictos de diversa naturaleza.
Por otra parte, con base en un sondeo levantado el año pasado por una empresa encuestadora durante el debate de la ley SB1070, un importante porcentaje de mexicanos aceptaría aplicar medidas más estrictas contra los migrantes en México, en especial centroamericanos.
Así por ejemplo, 40.1 por ciento de los mexicanos estaría de acuerdo en permitir que la Policía interrogue a los centroamericanos que se presuma están en forma ilegal en el país; la cifra para la misma pregunta en Estados Unidos fue de 62 por ciento.
En tanto, 40.8 por ciento de los mexicanos estaría de acuerdo en que la Policía detenga a cualquier centroamericanos que no pueda comprobar su estancia legal en México, detalla el informe que la Conapred entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Igualmente, 58.3 por ciento de los mexicanos estaría de acuerdo en que se exija a los centroamericanos mostrar un documento para comprobar su estancia legal en México.
