Proyecto. Ante la incapacidad del Gobierno, más de cien organizaciones preparan un fondo y reformas en seguridad pública. ARCHIVO
Ante la crisis de seguridad pública en el país, diversas organizaciones civiles unidas impulsan propuestas para mejorar las capacidades del Estado en la materia y con ello disminuir la violencia, castigar el delito y atender a las víctimas.
Diálogo sobre Seguridad Pública es una agrupación de 164 organizaciones que reúne 401 personas, entre académicos y expertos en el tema, quienes a partir de un diagnóstico previo, elaboraron una agenda con nueve prioridades incluidas en 12 propuestas específicas.
Los ejes son el control ciudadano y la transparencia en la política de seguridad, prevención y mitigación de las violencias, fortalecimiento de la capacidad de investigación del Estado, sistema penitenciario, reforma penal y reforma al modelo policial.
"Este diálogo pretende contribuir a la construcción de acuerdo legislativos legítimos, estables y efectivos en materia de seguridad pública que reflejen un consenso amplio de la sociedad civil organizada. "El objetivo final es que estas propuestas sirvan como punto de convergencia entre los distintos partidos políticos", expuso Mara Hernández, del Centro de Colaboración Cívica.
Actualmente sus integrantes discuten las iniciativas en mesas de trabajos con diputados y senadores para lograr las modificaciones y su aprobación.
En ellas participan senadores de las Comisiones de Seguridad y de Puntos Constitucionales y diputados de la Comisión de Seguridad, Justicia y Participación Ciudadana, se espera que los primeros resultados se reflejen en este período ordinario de sesiones.
QUIEREN REPRESENTATIVIDAD Una de las propuestas más fuertes y avanzadas de las organizaciones civiles es la petición de inclusión de cinco consejeros ciudadanos como miembros permanentes con voz y voto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este Consejo actualmente carece de representatividad social y está conformado por el Presidente, por los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República los gobernadores, el jefe de Gobierno del DF, un representante de cada cámara del Congreso y un secretario ejecutivo.
"No hay representación ciudadana, el Consejo sesiona una vez cada seis meses dependiendo el tema se invita a algunas personas a que formen parte de la mesa, en algunas ocasiones los invitados pueden dar un mensaje a los medios de comunicación, pero no tienen ninguna facultad jurídica en la toma de decisiones", explicó Guadalupe Barrera, del Cide.
