De darse finalmente a conocer los expedientes negros contra el PRI, llegarían a la agenda pública con un giro cargado a la idea del complot. Ése sería el destino de las reales o supuestas acusaciones judiciales que estaría a punto de exhibir el gobierno del presidente Calderón en un paquete de acusaciones judiciales contra altos exponentes de ese partido, con el fin de frenar los avances de las intenciones de voto a su favor, en las presidenciales de dentro de 13 meses.
Y es que la expectativa generada de esas acusaciones, en vez de allegar al debate público elementos que abonaran en la convicción de la autoría de delitos concretos contra personas concretas, surgió de una serie de rumores oficiales inciertos en que no se identificaba con certeza a los acusados potenciales. Y las versiones no se dirigían a la represión de un delito, sino a la persecución de un rótulo o un estereotipo: el de priistas en altos cargos públicos, pasados o presentes.
Por eso fue relativamente fácil para el PRI hacer que la acusación esperada diera el giro a una conspiración anunciada. Con una característica adicional: el giro ocupó antes el debate público que la acusación demorada. Es decir que la interpretación de un hecho no ocurrido llegó primero a la agenda pública que el hecho a interpretar.
Se trata de un recurso comunicativo llamado de inoculación en el que quien prevé un señalamiento en contra se anticipa a exhibir el señalamiento mismo -para matizarlo con su propio giro- o a denunciar los planes del adversario de dar a conocer dicho señalamiento, como lo hizo anteayer el líder del PRI Humberto Moreira al acusar de terrorismo político a los rumorólogos oficiales.
En realidad, todo lo que ocurra en adelante en México quedará entrampado en las luchas domésticas por el poder, como se puede comprobar todos los días en los discursos políticos y mediáticos dominantes. Toda acción de los actores públicos se explicará en los medios en función de esas batallas. Con más razón si se pretende dar un golpe judicial con tan claras dedicatorias y en medio de un calendario electoral tan acelerado.
A estas alturas, toda decisión de los órganos del Estado contra exponentes destacados de partidos diferentes al del gobierno desatará ya los efectos contraproducentes del desafuero de López Obrador. Y más si esa acción va contra el puntero en las encuestas, como ocurrió con AMLO en el ciclo 2005-2006. O como se habla de replicar en este ciclo 2011-2012 contra Peña Nieto.
Incluso sin los antecedentes nacionales de fabricación de acusaciones judiciales para obtener ventajas políticas, esta real o supuesta operación contra el avance del PRI se escribe cada día como crónica de una conspiración anunciada porque, además, de partida, se sustenta en la arraigada visión conspirativa en la cultura política mexicana.
NAPOLEÓN EN MÉXICO Como lo recordaba ayer en el NY Times Roger Cohen, a propósito del 60% de franceses convencidos de que la caída de Dominique Benedict Strauss-Khan se debe a un complot, las teorías conspirativas siempre encuentran manos ocultas en todo hecho significativo, como acto reflejo de culturas políticas que hacen depender la suerte de los individuos, no de su proceder, sino de poderes superiores que todo lo orquestan y lo controlan.
Respecto a Francia, Cohen ubica esa tradición en la prevalencia de una mentalidad heredada del sistema napoleónico, que todo lo orquestaba y controlaba, para no hablar de la monarquía absolutista del Rey Sol, con sus réplicas culturales en las presidencias monárquicas de De Gaulle, a Miterrand y a Sarkozy.
El equivalente en México sería el absolutismo presidencial de la era priista, con sus antecedentes en el porfiriato, el virreinato y los tlatoanis. Pero alimentar hoy la mentalidad conspirativa mexicana con la orquestación de persecuciones judiciales con fines electorales podría conducir a una crisis incontrolable incluso para el mismísimo Napoleón en México.
