"El cómplice del crimen de corrupción es frecuentemente nuestra propia indiferencia."
Bess Myerson
En la colonia Guadalupe Inn del sur de la ciudad de México la reglamentación de uso de suelo sólo permite la construcción de viviendas unifamiliares de dos pisos de altura. Sin embargo, un despacho llamado Nacif Serio Arquitectos levanta en la Plaza Valverde un edificio de once pisos bajo la protección de un amparo de 1998 concedido a una cooperativa llamada Ciber México.
El amparo 672/98 ha sido utilizado como pretexto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, la institución que preside el arquitecto Felipe Leal Fernández, para autorizar 74 modificaciones de uso de suelo en distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades capitalinas dicen que el amparo permite pasarse por alto el programa de desarrollo urbano de 1997 en cualquier delegación. En caso de que así fuera, un juez podría decidir de manera personal y discrecional eliminar todo un programa de desarrollo urbano preparado por especialistas con el acuerdo de los ciudadanos. Ya no necesitaríamos ni gobierno ni funcionarios: los jueces de amparo podrían tomar todas las decisiones del país.
Sorprende que a 13 años de distancia, y precisamente en el año de Hidalgo, el último del actual sexenio, este supuesto amparo pueda utilizarse para tantas construcciones en violación al uso de suelo. Además del edificio de Plaza Valverde número 60, el amparo se está empleando para otras dos construcciones irregulares en Guadalupe Inn y varias más en el Pedregal de San Ángel, donde también sólo puede haber vivienda unifamiliar de dos pisos. En uno de estos predios se está edificando, de hecho, un centro comercial.
Es imposible no pensar mal. No he tenido oportunidad de leer el amparo, pero es cuando menos sospechoso que un juez otorgue una protección legal para que cualquier empresa pueda construir lo que se le antoje en cualquier lugar sin sujetarse a los reglamentos en vigor. Los amparos deben servir para proteger a los individuos de los abusos de la autoridad, no para evitar el cumplimiento de leyes y reglamentos por parte de empresas.
Los amparos se conceden a un individuo: no se pueden vender, regalar o endosar. Si bien es verdad que las más recientes modificaciones a la ley de amparo permitirán que los amparos puedan resultar en la nulidad de algún ordenamiento que viole las garantías individuales, el amparo 672/98 es bastante anterior a esta enmienda. Aun así, la ley de amparo no se cambió para que los jueces puedan decretar a discreción la nulidad de cualquier ley o reglamento de desarrollo urbano.
Todo parece indicar más bien que funcionarios de la Seduvi, de la delegación Álvaro Obregón y de otras entidades han sucumbido a la vieja tentación de repartir permisos ilegales de construcción en el último año de gobierno, ya sea para enriquecerse antes de que termine el sexenio o para juntar dinero para las próximas elecciones. Ni la judicatura ni las autoridades del Distrito Federal pueden callar ante este abuso... a menos de que sean cómplices.
Si las autoridades quieren modificar los reglamentos de uso de suelo, entonces que lo digan, que procedan a hacer los cambios de ley y que expliquen su decisión a los votantes. Lo que no se vale es que con la excusa de un amparo otorgado 13 años atrás a una sola empresa se concedan autorizaciones para 74 construcciones ilegales a distintas compañías. Un gobierno capitalino que dice ser de izquierda, y distinguirse por su honestidad, no puede permitir un año de Hidalgo peor que todos los que hemos vivido en el pasado.
DEMOCRACIA La elección que ayer debía renovar el Consejo Nacional del PRD tuvo que ser suspendida. ¿Por qué? Porque un grupo de unos 100 militantes encabezado por el diputado Julio César Moreno, leal a Andrés Manuel López Obrador, tomó por la fuerza el lugar donde se resguardaba la paquetería electoral. No es fácil adquirir una cultura democrática.
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