En un esfuerzo por despedir a los policías corruptos, el Congreso aprobó una ley que permite aplica el detector de mentiras a los agentes hondureños para saber si usan drogas, beben o reciben sobornos.
También separó la Oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad para sancionar a los policías que incurran en delitos y la convirtió en un ente autónomo con patrimonio propio. La oficina vigilará de manera permanente la conducta de los policías.
La legislatura determinó además que el Consejo Nacional de Seguridad Interior dictará las políticas para combatir la delincuencia. Lo integran representantes de once organizaciones obreras, empresariales y profesionales.
La iniciativa, aprobada por aclamación la noche del jueves por los 128 diputados de cinco partidos políticos, reforma la ley de policía de 1996.
Según la legislación, se podrá despedir sin indemnizar al agente u oficial que incurra en faltas graves como embriaguez habitual y no salga airoso en las pruebas de evaluación de confianza como el detector de mentiras, y se confirme el uso de drogas, a excepción de los que hayan sido prescritos por médico calificado.
La evaluación de confianza comprende análisis toxicológicos, sicométricos y el polígrafo, así como estudios socioeconómicos o patrimoniales para determinar los ingresos de los miembros de la policía.
Las autoridades arrestaron el jueves a 176 policías en todo el país, entre ellos ocho oficiales, por participar supuestamente en secuestros, extorsiones, robo de carros y narcotráfico.
"Sospechamos que ellos (los detenidos) están aliados con bandas del crimen organizado", dijo a la AP el vocero de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza.
Algunos jefes policiales han denunciado repetidamente en público que el cuerpo está infiltrado por pandilleros y narcotraficantes.
El comisionado Danilo Orellana, dirección nacional de Servicios Especiales, afirmó a la cadena local de radio HRN que "un grupo de oficiales y agentes están bajo investigación por ser dueños de camionetas último modelo, altas cuentas bancarias y propiedades que no concuerdan con sus ingresos".
Según él, esos policías se han dedicado a proteger narcotraficantes y pandilleros, y a extorsionar empresarios tras amenazarlos de secuestrarlos o matarlos en caso de no pagar.
En diez años el gobierno a separado a unos 4,000 policías por corrupción de los 14,000 que forman la entidad.
