H Ay que apretar el paso y marchar. Da igual si los clanes políticos y criminales escuchan el eco de los pasos, lo importante es rescatar la propia dignidad y dejar firme un principio: por grande que sea el miedo social, la negligencia política y la violencia criminal, la ciudadanía no mira con indiferencia tanto muerto ni guarda un cómplice silencio.
Desde 1997 a la fecha ha habido cuatro marchas nacionales exigiendo seguridad y justicia y, pese a la civilidad en la expresión, el gobierno no ha atinado en la respuesta. Si un gobierno no es capaz de garantizar el derecho a la vida, la integridad, la expresión, el tránsito, la libertad, el patrimonio y la seguridad, no puede ostentarse como tal.
Cuando ante un legítimo reclamo social, sostenido a lo largo de 14 años, la autoridad sigue ensayando respuestas -donde el rehén de su ejercicio es la ciudadanía-, no puede venirla a regañar por su falta de comprensión ante el esfuerzo fallido.
No basta aparecer en un spot con cara de congoja y, a la vez, de enfado para desanimar o desarmar la movilización social o justificarse ante ella.
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Hay que apretar el paso y marchar porque es inaceptable la réplica oficial, señalando confusión en la sociedad frente a cuanto está ocurriendo.
Si de confusión se trata, es menester reconocer que de ésta ha hecho su credo el gobierno. ¿Evidencias? En ese lapso, se creó la Policía Federal Preventiva más una Subsecretaría del ramo y se reemplazó a la Policía Judicial Federal con una Agencia Federal de Investigaciones que, luego, se abandonó para darle entrada a una Policía Ministerial que nomás no acaba de configurarse.
Poco después, aquella Subsecretaría se convirtió en una Secretaría de Seguridad Pública sin ajustar a la Secretaría de Gobernación y, al tiempo, se le amputó el carácter preventivo a la Policía Federal para, más tarde, impulsar una Policía Única y, a la vuelta de los días, plantear mejor 32 policías estatales, más una Federal y ninguna municipal.
A la par de esos ajustes, se introdujeron figuras legales o técnicas -arraigo, testigo protegido, extinción de dominio, denuncia anónima, militarización del país, etcétera- para, luego, dejarlas caer en el desuso o en el abuso. Todo ese hacer y deshacer en el aparato administrativo, legal y jurídico para terminar sacando al Ejército y la Marina de los cuarteles y acuartelar a la ciudadanía.
Ese margallate exhibe la falta de concepto, diseño, estrategia y coordinación en el aparato de seguridad y justicia así como la terrible confusión en el gobierno, no en la ciudadanía. A veces la autoridad debería mirarse en el espejo y no en el televisor.
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Hay que apretar el paso y marchar porque los criminales y los políticos comparten un común denominador: la impunidad que vulnera el Estado de Derecho y amenaza la democracia.
La impunidad criminal estimula la actividad delincuencial que, sin castigo, siente autorizada su próxima fechoría. No importa tanto el tamaño del castigo, como la aplicación de éste. Si no hay castigo, da igual radicalizar las penas hasta el infinito. La impunidad política opera del mismo modo. Si la negligencia o la omisión reciben por castigo un premio, obviamente al político le da lo mismo cumplir o no con su deber. No por nada, en México existen "las caídas para arriba". Cuando la impunidad es práctica entre quienes deben recibir y quienes deben aplicar el castigo es obvio que a criminales y políticos les da lo mismo lo que diga o haga la ciudadanía.
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Hay que apretar el paso y marchar para que la droga no llegue a tus hijos, pero tampoco gobiernos como los habidos. Es una vergüenza mirar a los hijos y decirles: ahí te dejo el país, un poquito más atrás de donde lo recibí.
Y es que si se mira la historia reciente, los movimientos sociales del 68, 88, 94 y el 2000 en algo hicieron avanzar al país. Tuvieron desde luego un costo pero, a la postre, reivindicaron derechos políticos, electorales, étnicos así como sociales y empujaron hacia adelante la cultura política. En contraste, las movilizaciones sociales del 97, 04, 08 y la de estos días han tenido el mismo motivo, un terrible costo y no han rendido fruto: no hay seguridad, hay un número injustificable de muertos y la barbarie criminal aumenta al ritmo del cinismo político.
Si a la marcha del 97 la detonó la criminalidad en general, a las del 04 y 08 las impulsó el más infame de los delitos: el secuestro con desenlace fatal. A la marcha de ahora la detona algo peor: los "levantones" que concluyen en multihomicidio o ejecuciones colectivas. Las "fosas clandestinas" forman ya parte de nuestra subcultura cívica.
El resultado de aquellas movilizaciones frente a las de ahora es contrastante: los muertos y los desaparecidos de aquellos otros movimientos sí tenían semilla, los de ahora no. Ahora, no tienen nombre ni apellido.
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Hay que apretar el paso y marchar dejando bien en claro que no se trata sólo de los muertos de aquí o de allá, de ayer o antier.
Hay que marchar también por quienes están vivos y quieren saber del mañana y del pasado mañana hasta que el poder de la naturaleza se los permita. Vale subrayar: el poder de la naturaleza, no la naturaleza del poder (criminal o político) que los ignora, cuando no los elimina.
No basta ya con presentar como trofeo administrativo de último minuto a los criminales de tal o cual felonía para frenar la movilización ciudadana y atemperar la inconformidad. No, no basta con detener a los criminales, hay que detener los crímenes.
No basta con contar los homicidios, también hay que tener en cuenta a los vivos.
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Hay que apretar el paso y marchar porque, justamente, es en temporada electoral cuando los políticos se acuerdan de la ciudadanía, aunque la reducen a una mercadería.
Es justo cuando los políticos, desde la vitrina de su ambición, exhiben sus ofertas y gangas, cuando hay que exigirles consolidar el Estado de Derecho y ampliar la democracia.
En su silencio, la marcha de estos días grita. Exige, sí, replantear la lucha contra el crimen, pero también aprobar las reformas política y fiscal que amplíen la participación ciudadana en la democracia y le den al próximo gobierno posibilidades de reponer el Estado de Derecho que hoy no existe. Reclama respetar a las instituciones y no convertirlas en trampolín de ambiciones o en compañía asociada a algún precandidato.
Hay que apretar el paso y marchar por una opción que le dé perspectiva al país y en contra de los clanes o cárteles que se disputan como botín o carnada a la ciudadanía.
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