El Cabildo aprobó por mayoría las cuentas públicas de los meses de marzo, abril y mayo.
En una maratónica sesión de Cabildo donde se abordaron más de 20 puntos, el tesorero, Pablo Chávez, dio un informe detallado de la gestión financiera de dichos periodos, misma que fue cuestionada por la síndica, Natalia Virgil, y el regidor, Marcelo Torres, ambos del PAN.
El tesorero destacó el total de ingresos captado durante marzo, último mes del exitoso programa "Contribuyente Cumplido, Contribuyente Consentido", el cual asciende a 138.9 millones de pesos. En tanto, abril y mayo registran un ingreso de 97.6 y 83.1 millones de pesos, respectivamente.
En cuanto a los egresos, resaltó la erogación de 225.5 millones de pesos que se efectuó durante mayo, de los cuales 124.8, es decir más del 50 por ciento, se invirtieron en obra pública.
En otro punto del orden del día, los regidores y síndicos resolvieron autorizar la solicitud presentada por la delegación Coahuila para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), referente a la exención de los Impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles que se generan en la escrituración de los lotes de origen ejidal, a favor de los ocupantes, con lo cual se contribuye a resolver el problema de asentamientos irregulares y por ende en el ordenamiento en el crecimiento del municipio.
También se autorizó la reactivación del programa de Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS) por el año 2011, para el Impuesto Predial, solamente en lo que se refiere a recargos y multas, a partir del 20 de junio y hasta el 31 de agosto, con la limitante de que deberá ser únicamente para los contribuyentes que adeuden el referido gravamen hasta por 60 mil pesos.
Se validó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se autoriza la suscripción y continuidad de Convenios y Acuerdos de coordinación con dependencias estatales y federales, tales como HABITAT, Rescate de Espacios Públicos y CONADE.
El pleno del Cabildo validó reformas al reglamento al transporte público con la modificación al Artículo 195, en donde ahora las sanciones consistirán en la amonestación y apercibimiento, así como una multa de 50 a 500 salarios mínimos; suspensión de la prestación del servicio público hasta por 7 días naturales y aseguramiento y cancelación de inscripciones hechas en el Registro Público del Transporte.
Se establece que constituyen infracciones, acciones como: incumplir con el reglamento, o en su defecto que estacionen los vehículos durante el tiempo que se encuentren fuera de servicio, en privadas, calles, bulevares, avenidas y en general todos aquellos lugares públicos y áreas donde obstruyan el paso y provoquen molestia a los ciudadanos.
La reforma al Reglamento de Transporte Público, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial o en la Gaceta Municipal.
El objetivo principal de esta iniciativa, es el brindar un mejor servicio de transporte público, mejorando el resguardo del mismo y dar voto a muchas de las solicitudes sentidas de la ciudadanía en cuanto a los riesgos que representan las acciones antes descritas en cada modificación, hacia su seguridad social. Y a resolver el problema de asentamientos irregulares y por ende en el ordenamiento en el crecimiento del municipio.
