Leyes contra migrantes. Manifestaciones en Estados Unidos contra las leyes antimigrantes en los estados.
El Senado de Florida, controlado por los republicanos, aprobó este miércoles con una votación mayoritaria una Ley similar a la adoptada en Arizona, que le hace la vida más difícil a los inmigrantes indocumentados.
Sin debate alguno en el pleno, la propuesta SB 2040 fue aprobada con una votación de 23 sufragios contra 16, informaron fuentes legislativas.
La propuesta dejó sin efecto el E-verify, por lo que los empleadores no tendrán la obligación de utilizarlo para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores que contratan.
Pero sí tiene otra disposición que preocupa a los defensores de los derechos de los inmigrantes, ya que la policía podría detener a una persona por un delito menor y si no tiene documentos migratorios sería entregada a las autoridades de inmigración para su posible deportación.
La Cámara de Representantes tiene su propio proyecto de ley: la HB 7089 todavía más estricta contra los indocumentados.
Esa iniciativa convierte en un delito menor de segundo grado el ser indocumentado, lo que conlleva una pena de prisión de 20 días la primera vez y 30 la segunda, así como una multa de 100 dólares.
Esto contrasta con la Ley federal, que considera la presencia ilegal de extranjeros como una infracción civil, cuyo castigo es la deportación, no la cárcel.
La HB 7089 aún no ha sido aprobada y no se espera que la Cámara de Representantes considere la aprobación de la propuesta del Senado (SB 2040) hasta que analicen su propia versión.
La medida es una prioridad del gobernador republicano Rick Scott, quien ha realizado una campaña en favor una ley al estilo de la de Arizona para combatir la inmigración indocumentada.
El Centro de Defensa de Inmigrantes de la Florida (FIAC) reaccionó de inmediato y dijo que la medida alienta la discriminación racial y devastará la economía del estado.
"Si el Senado realmente quería hacer valer el imperio de la Ley hubiera sancionado a los empleadores, y no sólo a los inmigrantes, muchos de los cuales han contribuido con su tiempo de trabajo e impuestos a este estado", dijo Cheryl Little, directora ejecutiva del FIAC.
Indicó que las medidas dejarán consecuencias negativas al turismo, agricultura y comercio internacional.
"Agradecemos al Caucus Hispano de la Legislatura y cientos de negocios, religiosos y grupos de profesionales por oponerse al proyecto de ley estilo Arizona", precisó.
En estado de indefensión
Un inmigrante tiene más posibilidades de ganar un caso frente a una corte de inmigración cuando está representado por un abogado, sin embargo un 60% de los inmigrantes detenidos en la ciudad carecen de representación legal en este tipo de cortes, concluyó un reporte emitido esta semana.
Las primeras conclusiones del informe, redactado por dos grupos de expertos en inmigración, destacan además que cuando un inmigrante es detenido sus posibilidades de ser deportado aumentan considerablemente. Los inmigrantes que enfrentan un proceso en una corte de inmigración en Nueva York no tienen derecho a un abogado de oficio. Los acusados suelen ser inmigrantes indocumentados o residentes legales que han cometido un crimen. Muchos no tienen dinero para contratar un defensor privado.
"El reporte muestra que un gran número de inmigrantes enfrenta la deportación sin abogados que les ayuden", dijo Peter Markowitz, profesor de la facultad de derecho Benjamín N. Cardozo, de la Universidad de Yeshiva, y director del comité de análisis y evaluación del reporte.
"El tener o no tener un abogado, en muchos casos, marca la diferencia entre ser deportado o no", dijo Markowitz el miércoles a The Associated Press.
El informe es resultado de dos años de análisis del Katzmann Immigrant Representation Study Group y el Vera Institute of Justice, que analizaron los datos de casos en la ciudad desde el 2005 al 2010.
El juez Robert Katzmann, del Segundo Circuito de Apelaciones en Nueva York, lleva décadas buscando abogados para inmigrantes e intentando que éstos tengan un mayor acceso a un sistema de defensa.
La representación legal de los inmigrantes es aún menor cuando son trasladados a centros de detención en Texas, Pennsylvania y Luisiana, porque son alejados de sus familiares, testigos de sus casos y potenciales abogados.
