Delitos. Los delitos en el país van en aumento.
De 2007 a la fecha los delitos violentos se incrementaron en el país, mientras entidades que no figuraban en las estadísticas de inseguridad, como Aguascalientes, Colima y Nuevo León se sitúan entre los de mayor violencia, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización México Evalúa.
Edna Jaime, directora general de la organización, informó en conferencia de prensa que en los últimos cuatro años los homicidios dolosos crecieron 96%; el secuestro, 188%; la extorsión, 101%; el robo con violencia, 47%, y el robo de autos con violencia, 123%.
Al presentar el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles, elaborado con base en cifras oficiales, destacó que todas las entidades del país experimentaron en este período incrementos en la incidencia de por lo menos un delito violento, y que el envío de fuerzas federales a los estados no ha logrado contener la violencia.
Las entidades que tradicionalmente han presentado situaciones de violencia continúan en crisis como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Morelos; otras, como Durango, Aguascalientes, Nuevo León, Colima y Tamaulipas, han incrementado sus niveles de incidencia delictiva con violencia, según el documento.
De acuerdo con el estudio, sólo entre 2010 y 2011 Aguascalientes escaló 13 posiciones en el ranking de estados por comisión de delitos con violencia; Nuevo León subió 11; Colima, 10 y Tamaulipas siete. Los estados más violentos del país son Durango, Chihuahua, Morelos, Aguascalientes, Tabasco, Baja California y Tamaulipas.
Independientemente del lugar que ocupan en este ranking, "en todos los estados del país se ha incrementado la incidencia de los delitos de alto impacto, que son además delitos del fuero común que deben ser resueltos por las autoridades estatales y municipales", destacó Edna Jaime.
Reconoció también que el incremento de la violencia, que descendió durante el sexenio de Vicente Fox, coincide con la decisión del presidente Felipe Calderón de enviar fuerzas federales a las entidades con problemas de crimen organizado, pero dijo no estar en condiciones de establecer si esa estrategia fue el detonante de la situación actual.
Jaime aseguró que no es posible tampoco dimensionar de manera adecuada el fenómeno delictivo, porque no se cuenta con información completa sobre dónde, cómo y por qué se cometen delitos violentos ni a quién afectan, debido a que los gobiernos locales no cumplen con su obligación de alimentar las bases de datos.
Entre los gobiernos incumplidos, citó al del Estado de México, que no ha reportado extorsiones desde diciembre de 1999; Colima, que no lo ha hecho desde 1997; Puebla, que tampoco las reportó en todo el período del estudio; Veracruz y Morelos, que no informan sobre secuestros desde julio de 2008 y mayo de 2007.
A la presentación asistieron Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro; Alejandro Martí, de México SOS, y Héctor Larios, del Observatorio Ciudadano, quienes responsabilizaron a las entidades federativas por la falta de información.
Alejandro Martí cuestionó a los gobernadores de los estados por dedicarse únicamente a hacer política sin resolver los problemas de seguridad que les competen: "Yo ya habría hecho renunciar a varios de los gobernantes, pero ellos tienen cargos de elección popular y siguen en sus cargos", manifestó.
Isabel Miranda de Wallace sostuvo que tan sólo en Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, hay todavía fosas clandestinas en las que debe haber por lo menos 500 cadáveres más, y que en Veracruz se va a descubrir pronto una situación similar.
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