El Senado de la República aprobó en lo general, con 84 votos a favor y 15 en contra, el proyecto de decreto por el que se crea la nueva Ley de Migración. Sin embargo, las reservas a los artículos en lo particular serán discutidas la próxima sesión, el jueves.
A pesar de que se esperaba una votación a favor, surgieron voces sobre todo del PRD para pedir más tiempo para analizar el dictamen, ya que desde su punto de vista podría afectar los derechos de los migrantes en su paso por territorio mexicano.
La iniciativa fue presentada apenas el 9 de diciembre pasado, y turnada a las comisiones Unidas de Población y Desarrollo, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, y cuenta con el respaldo de las principales fuerzas además de que se trabajó con el gobierno.
La ley permitirá generar el marco legal para evitar situaciones trágicas como la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas, reconoció el senador Humberto Andrade.
La propuesta de Ley de Migración se divide en ocho títulos y 21 capítulos e incluye elevar a rango de ley al Instituto Nacional de Migración, instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria, y la creación de un Centro de Evaluación y Control de Confianza, con el que se obligará a sus colaboradores a cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización para su ingreso y permanencia, debiendo actuar invariablemente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de migrantes.
En materia de protección de los derechos humanos incluye un procedimiento especial para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, y se incluyen obligaciones específicas al DIF y al INM.
En materia de derechos fundamentales como el acceso a los servicios educativos y a la salud, a la procuración e impartición de justicia, a la unidad familiar, a la información o al reconocimiento de su personalidad jurídica se garantizarán a los migrantes sin importar su situación migratoria. Además, para el caso de los niños, niñas y adolescentes, se establece la obligación de la autoridad de tomar en cuenta su edad y privilegiar su interés superior en todos los procedimientos.
