La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dictaminó la creación de la Policía Fronteriza para garantizar la persecución e investigación de los delitos en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país.
La modificación al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal crea un área en la Policía Federal con elementos especializados en seguridad fronteriza.
La iniciativa, promovida por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez (PRI) busca que la Policía Fronteriza ejerza facultades de prevención, persecución e investigación de delitos de carácter federal, específicamente en el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, trata de personas y tráfico de órganos y protección a los derechos humanos.
En la propuesta se alerta de que casi una tercera parte de las muertes ocasionadas por el combate contra el narcotráfico han ocurrido en 37 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Esas 37 zonas representan el 1.5% del total de municipios y ahí acumulan 10 mil 203 asesinatos de los 34 mil 612 contabilizados desde inicios del actual sexenio hasta diciembre de 2010, según la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con el Crimen Organizado.
Se detalla que el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado; el tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representan actualmente el 15% de los delitos federales cometidos en el país.
Reiteran que México cuenta con 20 puertos y 66 aeropuertos internacionales que también son puntos de interés particular para los grupos de la delincuencia organizada por tratarse de lugares estratégicos para el contrabando de armas, drogas y personas.
El dictamen, que se llevaría mañana al pleno, considera que es indispensable evaluar y fortalecer la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad de la franja fronteriza y demás puntos de internación de bienes y personas, actuando en recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración.
Ven falla de México en rastreo de armas
Autoridades mexicanas tardan hasta 3 años en solicitar a Estados Unidos rastreos de armas decomisadas al crimen organizado dificultando las investigaciones de tráfico, revela reporte del Woodrow Wilson Center.
Con información oficial del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF, por sus siglas en inglés), el reporte apunta que si bien la tardanza promedio de México es de poco más de un año, esta perjudica la lucha anticrimen.
"El ATF ha experimentado retos con el tiempo entre cuando el arma fue comprada en Estados Unidos y cuando México presenta la solicitud (de rastreo)", asegura el reporte comisionado por el Instituto de México del Woodrow Wilson Center. "México, por ejemplo, presenta solicitudes de rastreo de armas a el ATF hasta un año, o un año y medio, en promedio después de que el arma fue decomisada en México -en algunos casos hasta tres años- haciendo más difícil a el ATF descubrir como llegó el arma al comercio ilegal en Estados Unidos".
Bajo autoría del investigador Colby Goodman y de 12 páginas de extensión, el reporte "Actualización del Reporte sobre Tráfico de Armas de EU a México" renueva datos emitidos en otro informe publicado por la institución en septiembre de 2010. Además de la tardanza, el reporte asegura que las autoridades en México enfrentan también problemas para presentar información exacta y con suficientes detalles sobre las armas decomisadas en las solicitudes de rastreo que presenta al ATF.
"En particular, las autoridades mexicanas no están proveyendo información con suficiente detalle y a tiempo sobre suficientes armas de las que decomisan", establece el reporte.
Debido a estas razones, y del hecho que la mayoría de las armas de las que ATF posee información tienen más de 5 años de haber sido compradas, funcionarios de la dependencia han dicho que sólo les ha sido posible usar alrededor de 8 por ciento de las solicitudes de rastreo de armas para iniciar investigaciones en Estados Unidos.
