El Senado aprobó por unanimidad -en lo general y particular, con 84 votos- una ley contra el "lavado" de dinero, en un tiempo récord de 30 minutos.
Al presentar el proyecto en tribuna, legisladores del PAN, PRD y PRI coincidieron que con esta norma se combatirá al crimen "en donde más le duele", sin la necesidad de disparar una sola bala.
La nueva ley ordena a la Procuraduría General de la República crear una unidad especializada "antilavado" y al titular de la dependencia enviar anualmente un informe de este delito al Senado.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González (PAN), resaltó que se eliminaron del articulado general los aspectos violatorios de garantías.
La ley prevé sanciones para quienes ayuden a la delincuencia, que podrían alcanzar 4 millones de pesos o hasta 100% del valor de la operación, con cárcel de hasta 16 años.
En el dictamen de la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se crea la Unidad Especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la PGR y no de la Secretaría de Hacienda, como se proponía en la iniciativa del presidente Calderón.
La reforma establece que la Bolsa de Valores, el sistema de Ahorro para el Retiro, las Uniones de Crédito, las Sociedades de Inversión, las Cooperativas de Ahorro y Aseguradoras, estarán obligadas a diseñar medidas para prevenir y detectar operaciones inusuales. Deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.
La nueva ley prohíbe transacciones en efectivo cuando se trate, por ejemplo, de compra-venta de bienes inmuebles con un valor igual o superior al millón de pesos; autos, aviones o yates con un costo de 400 mil pesos; joyería, metales, piedras preciosas u obras de arte con valor de 300 mil pesos y el blindaje de cualquier vehículo que cueste 200 mil pesos o más. Todas estas se consideran actividades vulnerables para "lavar" dinero de procedencia ilícita, aunque el catálogo es más amplio y será sometido a debate. Incluye la emisión de tarjetas de crédito, cheques de viajero, servicios de construcción, subastas, el traslado o custodia de valores y el manejo de cuentas bancarias, entre otros.
