Un juez de Distrito que tenía sede en Torreón y un funcionario de su juzgado fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser investigados sobre un amparo que permitió a una empresa operar 46 casinos y salas de apuestas.
Según la Judicatura, Luis Armando Jerezano Treviño, quien hasta 2009 era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, y el secretario de Estudio y Cuenta del mismo juzgado, Gerardo Tiscareño, habrían "favorecido de manera indebida" a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV).
Actualmente Jerezano es juez de Distrito auxiliar en Saltillo, a donde fue trasladado a finales de 2009. Tiscareño se mantiene en el Juzgado Cuarto con sede en Torreón.
Según la CJF, entre 2008 y 2009, Jerezano otorgó un amparo a AEV para obligar a la Secretaría de Gobernación a ampliar el permiso de la empresa para operar 41 centros de apuestas y sorteos.
AEV fue una de las empresas vinculadas con el Casino Royale de Monterrey, donde 52 personas murieron en un ataque, aunque la misma empresa lo ha desmentido.
Jerezano y Tiscareño son investigados por la Procuraduría General de la República junto a un juez federal de Nuevo León y otro del Distrito Federal.
En un fallo de diciembre de 2008, Jerezano dejó sin efecto una resolución de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para negar los permisos a AEV al considerar que la dependencia había violado las garantías de la empresa. Ese fallo nunca fue impugnado por Gobernación.
El amparo concedía a AEV autorización para abrir cinco casinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y ordenaba a Gobernación ampliar el permiso de 41 casas de apuesta más en varios estados del país.
Jerezano dejó el Juzgado Cuarto en diciembre de 2009 para ser trasladado a Saltillo.
Entre los casos que el juez resolvió en Torreón está el amparo otorgado a la empresa PASA para detener el proceso de licitación del servicio de limpieza emprendido por el Municipio en 2009.
Otro amparo que concedió Jerezano fue a un grupo de agricultores para evitar pagos a la Comisión Federal de Electricidad desde 2006.
La Judicatura señaló en un comunicado que la suspensión es "una medida cautelar que no prejuzga sobre ninguna conducta (y) busca facilitar las labores de la autoridad investigadora".
Según el comunicado, la suspensión se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones.
