"El costo de la libertad es menor
Que el precio de la represión."
W.E.B. Du Bois
El gobierno de Guerrero y el federal entraron en una lucha política para culparse mutuamente de la muerte de dos manifestantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre. Es lamentable que en el México actual la muerte de dos jóvenes valga menos que la conveniencia política.
En medio de esta disputa sabemos ya, por las pruebas periciales y los videos disponibles, que la Policía Federal fue la primera en llegar al bloqueo de la Autopista del Sol, que los manifestantes agredieron a los policías con piedras, que los elementos de la Policía Federal golpearon a cuando menos algunos de los muchachos que detuvieron y que quienes dispararon contra los manifestantes fueron al parecer integrantes de la Policía ministerial del estado de Guerrero.
No podemos cerrar los ojos, sin embargo, ante el hecho de que uno de los factores fundamentales de la tragedia es la tolerancia ante los bloqueos de calles y carreteras que se han vuelto una realidad cotidiana en nuestro país.
Todo el mundo tiene derecho a protestar y a expresar sus puntos de vista, pero es falso suponer que este derecho se extiende a la violación de los derechos de terceros. Hemos escuchado a demasiados activistas políticos que dicen: "Estábamos ejerciendo pacíficamente nuestro derecho a protestar cuando fuimos reprimidos por la Policía". Cerrar una autopista no es la expresión pacífica de una protesta, sino una agresión a todas las personas que dependen de esa vía de comunicación.
La fuerza que se usa para quitar un bloqueo debe ser, por supuesto, congruente con las armas de los propios bloqueadores. Solamente en aquellos casos en que los manifestantes recurran a armas de fuego estaría justificado el uso de este mismo tipo de armas en su contra. El exprocurador de Guerrero, Alberto López Rosas, destituido el martes 13, afirmaba que cuando menos uno de los manifestantes iba armado con un "cuerno de chivo", una AK-47 que había sido percutida en siete ocasiones. Hay dudas, sin embargo, sobre esta versión de los hechos.
Disparar a personas desarmadas que están participando en un bloqueo es inaceptable. Quienes así lo hicieron y mataron a dos manifestantes deben ser procesados por homicidio doloso. De la misma manera es un delito golpear a alguien que, aunque haya violado la ley, se encuentre detenido y caído. Los policías federales que agredieron a golpes y patadas a los muchachos que detuvieron el lunes deben también ser procesados por lesiones y abuso de autoridad.
Estas tragedias, sin embargo, no se registrarían si no tuviéramos gobiernos cobardes que han acostumbrado a los grupos de presión política a tomar a los ciudadanos como rehenes al cerrar calles y carreteras para buscar beneficios personales o para sus organizaciones. En la ciudad de México los bloqueos, protegidos por la autoridad, se han convertido en una pesadilla cotidiana para los ciudadanos. En el sexenio de Vicente Fox se perdió la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto, el cual sigue siendo indispensable, debido a que un grupo de activistas de San Salvador Atenco obligó al gobierno, a través de bloqueos de carreteras y también después de un enfrentamiento violento, a cancelar el proyecto.
Un régimen que permite que las manifestaciones se conviertan en bloqueos o agresiones a terceros inocentes está promoviendo la violencia. Un gobierno debe tener la fuerza para permitir las protestas y buscar cauces pacíficos para resolver disputas entre distintos grupos de la población, pero también para evitar que las protestas se transformen en agresiones a los ciudadanos.
Sigue aumentando el uso de la marihuana entre los adolescentes estadounidenses. Según el estudio Monitoring the Future de los Institutos Nacionales de Salud, en la Unión Americana es hoy mayor el número de estudiantes de primero de preparatoria que fuma marihuana que los que utilizan tabaco.
