En pie de lucha. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, salió ayer a contrademandar la Ley Antiinmigrante. AP
Jan Brewer, gobernadora de Arizona, contrademandó ayer jueves al gobierno federal, al considerar que ha fracasado en el control de la frontera y en la aplicación de las leyes de inmigración, con lo que ha generado al estado costos enormes por el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados que cometen delitos.
Brewer presentó la contrademanda en la recusación del gobierno federal contra la nueva ley de inmigración de Arizona. El gobierno federal está buscando invalidar esa ley.
"Nuestras fronteras siguen siendo un lugar peligroso", señaló Brewer al anunciar la contrademanda. Robbie Sherwood, un vocero de la oficina del fiscal federal de en Arizona, dijo que abogados de su oficina estaban revisando la queja y que no tenían comentarios de inmediato.
La ley fue aprobada tras años de quejas en el sentido de que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para atenuar el papel del estado como el punto más activo de ingreso de indocumentados al país. Su aprobación detonó protestas que señalaron que la ley conduciría a categorización racial, y motivó demandas por parte del Departamento de Justicia de la nación, de grupos defensores de los derechos civiles y otros opositores que buscaban su revocación.
La ley hubiera exigido a la policía que durante el ejercicio de sus funciones solicitara la documentación de estatus de inmigración a personas de quienes sospecharan que estaban ilegalmente en el país. Ese requerimiento y otro mandato en el sentido de que los inmigrantes debían obtener o portar documentos de registro de inmigración fueron pospuestos por la jueza federal de distrito Susan Bolton. La jueza, sin embargo, permitió que entraran en vigor otras partes de la ley, como una cláusula que prohíbe a la gente bloquear el tránsito al ofrecer o buscar en la calle servicios de jornaleros.
Brewer impugnó la decisión de Bolton en una corte de apelaciones de San Francisco. Argumentó que la jueza cayó en un error al aceptar las conjeturas del gobierno federal de que la ley podría derivar en hostigamiento a los inmigrantes legales y al sacar en conclusión que Washington probablemente se impondría en el caso
La apelación aún está pendiente.
