Leyes. La gobernadora Jan Brewer de Arizona busca limitar la actuación del gobierno federal en materia migratoria y salud. EFE
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y miembros de la legislatura se disponen a impugnar la autoridad del gobierno federal sobre el estado.
El diario Arizona Republic informó que el impulso federalista intenta restar poder a un gobierno federal que algunos creen se ha extralimitado en materia de inmigración y salud.
Otros dicen que el movimiento es una pérdida de tiempo y dinero. La senadora estatal Kyrsten Sinema dijo al Arizona Republic que entablar juicio al gobierno federal costará dinero en una época de dificultades financieras. Brewster dijo que está dispuesta a luchar en las cortes, con un fondo de defensa legal constituido por donaciones privadas que, de acuerdo con la gobernación, suman 3.7 millones de dólares.
CUESTIONAN ORDEN MIGRATORIA
En otro orden de ideas, los legisladores demócratas se están oponiendo a una directriz emitida por la gobernadora republicana de Nuevo México, Susana Martínez, para que las autoridades pregunten el estatus migratorio de las personas que sean detenidas por algún delito.
La senadora Linda López, de Albuquerque, dijo el jueves en una conferencia de prensa que la orden ejecutiva de la gobernadora llevará a que se detenga a la gente sólo por su aspecto racial. López y más de una decena de legisladores criticó la política de la gobernadora, al compararla con una medida controvertida y similar en Arizona.
Martínez emitió la orden ejecutiva esta semana, con lo que revocó una política del ex gobernador Bill Richardson, la cual prohibía que la Policía estatal preguntara el estatus migratorio sólo para determinar si algún individuo estaba infringiendo las leyes federales en la materia.
Funcionarios del gobierno señalan que la Policía no preguntará el estatus migratorio de los automovilistas detenidos por infracciones de tránsito, tales como conducir con exceso de velocidad.
Dan sentencia a ranchero
La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco ratificó la sentencia contra un ranchero de Arizona, que le ordena pagar unos 87 mil dólares a un grupo de inmigrantes a los que detuvo amenazándolos con una pistola.
Fuentes judiciales señalaron que la Corte Federal de Apelaciones dictaminó la víspera que Roger Barnett no tenía derecho a argumentar 'defensa propia' en el incidente registrado en 2004, porque él mismo admitió que el grupo de 16 indocumentados nunca lo amenazó ni atacó. En febrero de 2009, un jurado federal en Tucson, sentenció a Barnett a pagar una indemnización de 77 mil 804 dólares por los daños y la angustia provocada a los indocumentados, aunque lo exentó de los cargos de golpes, detención ilegal y violación de los derechos civiles.
Iniciativas antiinmigrantes
Algunas iniciativas migratorias de los republicanos:
⇒ Sancionar a emrpesas que contraten indocumentados e investigarlas de forma electrónica.
⇒ El plan Comunidades Seguras apoya a departamentos locales de policías y alguaciles para buscar ilegales.
