Sólo un año duró la obligación de usuarios de teléfonos celulares para registrar sus aparatos ante las autoridades, pues el Congreso de la Unión busca cancelar la medida ante su poca efectividad para combatir el uso de celulares en actos delictivos.
El senador aprobó ayer por unanimidad reformas que eliminan el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y a cambio obligan a las compañías telefónicas a colaborar con la Procuraduría Genera de la República (PGR) para la localización de teléfonos usados en delitos.
Se espera que la Cámara de Diputados apruebe también las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que desaparece la obligación de registrar la CURP y tomar las huellas digitales de personas que contraten un teléfono celular.
El Renaut entró en vigor en abril del año pasado con una medida para rastrear celulares usados en delitos como secuestro y extorsión, pero no todos los números fueron registrados y unos 30 millones de aparatos fueron registrados con datos falsos.
Los senadores sustituyeron el Renaut por la obligación a las compañías telefónicas para que entreguen a la PGR la localización geográfica de aparatos asociados con delitos como tráfico de drogas, secuestro, extorsión o amenazas.
La reforma da un año a las compañías para que adquieran el equipo de localización.
El dictamen establecía penas de uno a cinco años de cárcel si las empresas se negaban a aportar esos datos, pero a última hora los senadores las eliminaron y sólo establecieron multas de hasta 590 mil pesos.
También se exige a centros penitenciarios a adquirir equipo que permita bloquear señales de telefonía móvil dentro de las cárceles, ya que muchas extorsiones se realizan desde los penales.
