Prisión de tres a 12 años, multa de 200 a 500 días de salario mínimo y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público, son parte de las sanciones que busca aprobar el Congreso de Hidalgo para policías que cometan tortura o abusos.
Hermenegilda Estrada Díaz, diputada perredista, presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Uso Excesivo de la Fuerza, cuyo objetivo es reglamentar el empleo de la fuerza pública por parte de los agentes de seguridad.
El documento plantea la prohibición a los servidores públicos, 'de imponer penas de mutilación, infamia, marcas, azotes y tormento de cualquier especie', aunque se trate de la aplicación de usos y costumbres en comunidades del estado.
Además, el proyecto rechaza la utilización como prueba, de alguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura.
También clasifica como delito el uso innecesario o excesivo de la fuerza cuando un elemento policial utiliza contra una persona empellones o lanzamientos innecesarios y cuando en la ejecución del sometimiento de una persona utilice de manera directa golpes.
La iniciativa prohíbe que los agentes policiales empleen armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.
'En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida', señala el texto de la diputada Estrada Díaz.
Y en caso de que algún ciudadano sea víctima de tortura o fuerza excesiva por parte de policías, el proyecto de ley contempla la obligación de reparar el daño, así como el tratamiento médico y psicológico. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
