Dos organismos ciudadanos de transparencia anunciaron que buscarán amparos contra las reformas a la Ley de Deuda Pública de Coahuila y el acuerdo que el Gobierno Estatal alcanzó con nueve bancos para refinanciar créditos.
Representantes de las asociaciones Información y Participación Ciudadana (IPAC) y Claridad y Participación Ciudadana (CPC) dijeron que el Estado y los bancos no pueden renegociar créditos otorgados con información falsa.
Las medidas tomadas por estas asociaciones consisten en un amparo contra la inclusión del Impuesto sobre Nóminas en el fideicomiso para pagar la deuda.
También anunciaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros contra la fórmula que usaron los bancos acreedores para refinanciar los préstamos.
El Gobierno de Coahuila y los bancos anunciaron el viernes el acuerdo para renegociar créditos por 33 mil 867 millones de pesos pagaderos a 20 años.
Víctor Alducin, de CCP y presidente de la Coparmex, dijo que la deuda "no es de los ciudadanos, sino de funcionarios que pusieron a Coahuila en indefensión ante el sistema bancario".
Moisés Picazo, del IPAC, dijo que las medidas tomadas por el Estado para asumir y pagar la deuda "son arbitrarias y van en contra de la población".
