Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto López Rosas, procurador, y el subsecretario Ramón Arreola, fueron relevados de sus cargos, luego de los incidentes ocurridos el lunes en Chilpancingo, donde dos estudiantes murieron tras enfrentarse con autoridades ministeriales.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció la separación del cargo de los funcionarios.
Como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública del estado quedará Humberto Calvo, quien se desempeñaba como subsecretario de Protección Civil. Mientras que en el despacho de la Procuraduría local estará al frente Alejandro Fernández Paz y Fuentes, y en lugar del general Ramón Arreola queda el subsecretario operativo de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez, quien fungía como coordinador de la Policía estatal en Acapulco, informó el vocero del Gobierno, Arturo Martínez.
Los cambios fueron ordenados por el gobernador por las investigaciones del enfrentamiento suscitado en la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.
Como se informó ayer, los normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista Cuernavaca-Acapulco el lunes por la mañana para exigir la designación del director de la escuela, reducir a siete el promedio para ingresar a la escuela normal y mejorar la calidad de la comida, entre otras demandas.
La manifestación fue dispersada a balazos por elementos de las fuerzas especiales de la Policía Estatal Preventiva. En la refriega, que duró cerca de media hora, dos jóvenes, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría fueron abatidos por las balas. Uno más, de nombre José David, se encuentra herido de gravedad, según los reportes del Comité Político de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
El Gobierno de Guerrero presentó ayer un video de la protesta de los normalistas, donde se observa a presuntos elementos federales deteniendo, golpeando y sometiendo a los estudiantes, luego del incendio de una gasolinera.
En las imágenes se observa en tres ocasiones a presuntos policías federales que someten a patadas a grupos dispersos de supuestos estudiantes en los costados de la carretera.
No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública federal aseguró que, de acuerdo con los peritajes, fueron los policías ministeriales estatales los que abrieron fuego contra los estudiantes.
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), Juan Alarcón, solicitó al Gobierno de Guerrero respetar los derechos humanos y la integridad física de los 25 normalistas detenidos, entre los que hay varios menores de edad.
