Después de la muerte de 65 mineros en la explosión de la mina carbonífera Pasta de Conchos ocurrida el 19 de febrero de 2006, se ha contabilizado a otros 48 en varios de los yacimientos de ese mineral que existen en Coahuila, sobre todo en los que operan al margen de las más elementales normas de seguridad. Esa cifra incluye a los seis rescatados hasta ahora en la mina de Sabinas que se colapsó el martes pasado.
Pasta de Conchos era una mina grande, con propietario identificado, el Grupo México de Germán Larrea. Éste -con la complacencia de autoridades locales y federales- abandonó los cuerpos de sus trabajadores en las entrañas de la mina y a los familiares a su suerte. Imagínese, entonces, lo que pueden esperar atrapados y familiares en uno de los muchísimos pequeños socavones que se conocen como "pozos" y que son reducidos túneles de 1.5 m de diámetro, tiros de 20 a cien metros y una vida de no más de nueves meses, donde los necesitados mineros de la región extraen carbón que venden a 70 pesos la tonelada, cuando el precio promedio en el mercado es de al menos cinco veces más.
Aquí le comentaba desde hace cinco años -a propósito de la tragedia de Pasta de Conchos- que en el fondo de desgracias como éstas hay negocios millonarios, entre otros el del suministro de carbón a las enormes plantas generadoras de energía de la CFE.
Involucrados en la disputa por tan apetitoso pastel estarían los grandes consorcios beneficiarios de las privatizaciones mineras de Carlos Salinas, ostensiblemente el Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo y el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco.
Aunque Larrea centra su poderío en la producción de cobre, ha buscado que sus minas carboníferas de Coahuila participen en el todavía deficitario abastecimiento nacional del carbón, necesario para operar plantas generadoras de la CFE. Pero Ancira no parece dispuesto a soltar por completo el negocio que hasta ahora controla. Aún así quedan las nada despreciables migajas de los llamados terrenos libres. Me explico.
En 1992, durante el gobierno de Salinas, la explotación y venta de recursos minerales como el carbón se abrió al capital privado mediante el régimen de concesiones. Vigente desde entonces, la legislación establece que para explotar recursos carboníferos de esos terrenos libres, es decir, los no considerados dentro una concesión específica, pero geográficamente cercanos a ella, no se necesita ser el propietario de ellos. Basta que el Consejo de Recursos Mineros autorice la explotación correspondiente. Al propietario se le puede hacer un pago único de 250 dólares por hectárea sin que quede la obligación de participarle ganancias por la explotación minera.
La Secretaría de Energía y el Gobierno de Coahuila en este caso, ante la complacencia de la CFE, han tolerado cotos de corrupción que dejan en manos de coyotes este tipo de producción y venta del carbón.
La empresa Minera Carbonífera Río Escondido (Micare) -que junto a Altos Hornos de México (AHMSA) es parte del grupo empresarial de Ancira - no sólo vende a la CFE carbón producido en sus minas, sino que controla a los medianos y pequeños mineros (estos últimos también llamados poceros) autorizados para explotar el carbón de terrenos libres. Pero el mineral que extraen sólo lo pueden vender a la paraestatal Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi) que, por disposición del Gobierno de Coahuila tiene el monopolio de la compra de ese carbón, que después es revendido a CFE.
Entre quienes se dice que participan en el negocio están los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia. Ambos han asesorado jurídicamente a Ancira, un hombre que para negociar con sus acreedores bancarios declaró a AHMSA en suspensión de pagos y mantuvo a la empresa en una larga huelga con el apoyo incondicional del hoy prófugo líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.
Todo esto explica el pésimo estado de los socavones y la falta de seguridad para los mineros que, en esa región de Coahuila, no tienen más opciones de empleo. Laborar en tales condiciones es violatorio de la norma 32 de la Secretaría del Trabajo, cuyos inspectores de plano se hacen de la vista gorda.
GUERRA SUCIA. El PAN la desató en el Edomex con un video (www.youtube.com/watch?v=OjwVjNiNvJ8) que acusa a Alejandro Encinas de apoyar al narco, no ser mexiquense, no reconocer a su propio hijo, ser instrumento de Enrique Peña Nieto e impedir el cambio. El video lo promueve Ulises Ruiz, aspirante perdedor a la candidatura del PAN, quien presiona así al candidato albiazul Luis Felipe Bravo Mena para que le dé posiciones en el equipo de campaña.
(rrodriguezangular@hotmail.com)
