El Gobierno Federal impuso a los gobiernos de Coahuila y Durango condiciones más severas para el operativo "Laguna Segura" que las exigidas a Veracruz y Guerrero en operativos similares, de acuerdo con un comparativo de los acuerdos firmados por los estados.
Según los convenios elaborados por la Secretaría de Gobernación, el manejo de los centros de comunicación, control y comando (C-4) de Torreón y Gómez Palacio pasa a las fuerzas federales.
En el caso de Veracruz y Guerrero, los convenios sólo mencionan el "fortalecimiento" de los C-4 pero no el control total de parte del Ejército o la Policía Federal.
Los operativos lanzados en Veracruz, Guerrero y La Laguna combinan acciones del Gobierno Federal y los estados.
Pero mientras la Federación asumió el control operativo, en otras áreas del acuerdo, Coahuila y Durango deberán cumplir requisitos no aplicados en otros estados.
El convenio firmado por los dos gobernadores y el gabinete de seguridad exige que los estados hagan una evaluación de las policías estatales y municipales y luego una depuración de agentes y mandos superiores.
En los casos de Veracruz y Guerrero sólo se les exigió concluir la evaluación de las policías locales y los ministerios públicos pero no se presentan condiciones específicas ni se exige depuración.
La Federación también dejó a Coahuila y Durango la responsabilidad en la "reconstrucción del tejido social" para prevenir la delincuencia, aunque existen programas federales para recuperación de espacios públicos o programas de empleo.
Pero en el caso de Guerrero, el Gobierno Federal asumió el compromiso específico de un programa de empleo temporal para la industria turística en Acapulco.
