El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, reveló que propietarios de un casino le ofrecieron dos millones de dólares por permitirles operar en la ilegalidad.
Sin embargo, dijo, a dos años de su administración el ayuntamiento cerró el Sportzone y el Allegre o Gold Island.
"Cuando yo estaba entrando a la administración municipal, uno de ellos me ofreció dos millones de dólares por no darles lata, los cuales por supuesto que no acepté y les di lata, y tan les di lata que los acabé cerrando".
De acuerdo con el alcalde, los casinos generan influencia negativa y trastocan la paz social al generar situaciones de chantaje, sobornos y extorsiones.
"Esto ha sido complejo, en mi administración fuimos en contra de un juez federal que ya está destituido, hay un magistrado de lo contencioso que ya renunció o lo renunciaron, y ahí vamos, pero ha sido una tarea muy compleja", refirió.
"Yo no sé si es con su actividad o lavando dinero, tienes que hablar de cantidades muy fuertes para que a un candidato a alcalde o alcalde electo le ofrezcan tanto dinero simplemente por no molestarlos, entonces estás hablando de un negocio que tiene que dar una cantidad enorme de rendimientos", precisó el munícipe.
Por su parte, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, aseguró que la grabación de videos y fotografías donde su hermano Manuel Jonás Larrazabal recibía dinero por parte del Casino Red, fueron un intento de chantaje.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Javier Treviño Cantú, advirtió que el caso Larrazabal-Casino Red se está politizando, por lo que llamo a la ciudadanía a la unidad.
"Hoy más que nunca requerimos el trabajo de todos, estar unidos en esta tarea, junto con el gobierno federal en el combate a la criminalidad. Este es el momento de la unidad, es el momento de trabajar juntos, más que se lleven a cabo acciones que lamentablemente son presa del oportunismo político".
Treviño Cantú dijo que ya se trabaja junto a las autoridades federales en la integración de la fuerza civil que constituirá la nueva policía estatal, en la que por el momento, más de 400 militares se encuentran comisionados; además de lograr las reformas legales para evitar la instalación de más casinos.
Al referirse al dueño de Casino Royal, dijo que las condiciones de seguridad están dadas para que acuda a rendir su declaración ante la autoridad correspondiente; luego de que éste aseguró no regresar a Monterrey ante el temor de ser víctima de la violencia.
Indiciados
En tanto, el vocero de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, descartó que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrázabal Bretón, sea citado a declarar en torno a las extorsiones a casinos.
Aunque no descartó que se cite al secretario de Desarrollo Social, Miguel Ángel García Domínguez, quien aparece en otros videos difundidos por la casa de apuestas.
Aseguró que el munícipe no ha sido considerado hasta el momento para ser investigado en torno los hechos en donde se relaciona a su hermano Manuel Jonás con presuntos delitos de extorsión denunciados a través de videos y fotografías por los propietarios de Casino Red que operaba en el sector San Jerónimo de la capital neoleonesa.
Sobre el arraigo del hermano del alcalde regio, aseguró: "no quiero entrar en especulaciones ni morbo".
Manifestó que el policía Miguel Ángel "N" ya fue trasladado a la Procuraduría General de la República en torno a su participación en el atentado al Casino Royale el pasado 25 de agosto, donde fue captado cuando conducía el auto del presunto líder de Los Zetas en Monterrey y Santa Catarina.
"Sabemos que la mayoría de los casinos tienen alguna cuestión ilegal, cómo se establecieron, cómo operan, quiénes son los que operan y es parte de una investigación.
"La procuraduría está trabajando en eso, en su momento de ser necesario poder citar a alguien más de los que pudieron haber participado en este caso y que se está esclareciendo ya sea porque aparece en las imágenes o porque ha surgido información a través del proceso que se está llevando", expresó.
