La noche del 12 de noviembre de 2010, Jehú Abraham Sepúlveda Garza fue detenido por policías de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, supuestamente mientras conducía sin licencia ni la documentación del vehículo. Aproximadamente una hora después, Sepúlveda fue puesto a disposición de miembros de la Policía Ministerial, quienes lo interrogaron y lo trasladaron a la Secretaría de Marina (Semar).
En ninguna de estas instancias las autoridades dejaron constancia formal de su arresto o traslado. Desde entonces, se desconoce su paradero. Durante los días posteriores a la desaparición de la víctima, funcionarios federales y estatales ofrecieron a los familiares versiones contradictorias sobre si esta había sido detenida y por quiénes, y se negaron a iniciar una investigación del caso. Desde entonces, funcionarios de la Policía de tránsito, la Policía Ministerial y la Semar han prestado declaraciones ante el Ministerio Público estatal donde confirmaron que Sepúlveda estuvo detenido bajo su custodia en algún momento. Ninguna investigación en curso (militar o civil) ha llevado a que se acuse a policías ni a militares por estos hechos.
El incidente
El 12 de noviembre, aproximadamente a las 6:15 p.m., Jehú Abraham Sepúlveda Garza estaba sentado en una camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando se acercaron miembros de la Policía de tránsito. Como no llevaba consigo su licencia de conducir ni la documentación del vehículo, los policías lo detuvieron y lo trasladaron a la estación de policía local, según un registro efectuado por la Policía de tránsito. En menos de una hora, y sin una orden judicial de detención, miembros de la Policía Ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía, tomaron la custodia de Sepúlveda y, tras subirlo a un vehículo, se lo llevaron. Su esposa contó a Human Rights Watch que efectuó una llamada a su teléfono celular a las 07:30 p.m., poco después de su traspaso a la Policía Ministerial. Sepúlveda respondió y le dijo que no le habían permitido efectuar ninguna llamada y que estaba siendo trasladado por policías ministeriales hasta la delegación central, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Cuando volvió a llamar una hora después, el teléfono había sido apagado. Inmediatamente, sus familiares iniciaron averiguaciones sobre su paradero en estaciones de Policía, bases del Ejército y la Marina y en otras delegaciones públicas. Todas estas autoridades indicaron que Sepúlveda no estaba allí detenido.
La investigación
El 13 de noviembre, los familiares de la víctima interpusieron un amparo para conocer su paradero. Durante los días siguientes a la detención de Sepúlveda, el Ministerio Público estatal y la Policía Ministerial ofrecieron versiones contradictorias sobre el caso. En un principio, dijeron a los familiares que no habían detenido a Sepúlveda. Luego, el 14 de noviembre, aseveraron a la familia y a su abogado que Sepúlveda se encontraba detenido a su cargo en condiciones seguras y que "no se preocuparan", ya que pronto podrían verlo. El 16 de noviembre, un funcionario del Ministerio Público informó a los familiares que la misma noche en que Sepúlveda fue detenido había sido trasladado y puesto a disposición de la Marina "de forma económica", es decir, sin hacer constar su traslado en ningún documento oficial. En este período, y durante varias semanas siguientes, los familiares de Sepúlveda estuvieron presentes constantemente en el Ministerio Público y se turnaron para hacer guardia y asegurarse de que alguien estuviera siempre allí, en caso de que Sepúlveda fuera liberado o se le permitiera reunirse con su familia.
El 25 de noviembre, dos oficiales de la Marina prestaron testimonio ante el Ministerio Público estatal en Monterrey, Nuevo León, y afirmaron que el 12 de noviembre, entre las 11 p.m. y las 12 p.m., dos vehículos conducidos por policías ministeriales habían llegado hasta la base de la Semar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde estaban asignados5. Bajo custodia de los policías ministeriales se encontraba un hombre que, según indicaron, "al parecer tenía relación con la delincuencia organizada, por tal motivo llevaban a dicha persona para que fuera identificado en esa Base de Operaciones por nuestro personal".
Los oficiales de la Marina afirmaron que el hombre -Sepúlveda- les dijo que había sido detenido por policías municipales "sin motivo alguno" cuando salía de una tienda de autoservicio. Los oficiales de la Marina indicaron haber verificado el nombre en la "base de datos" -si bien no resulta claro a cuál base de datos en particular se referían- para averiguar si Sepúlveda tenía vínculos con la delincuencia organizada. Los oficiales afirmaron que decidieron liberarlo al no encontrar registros de Sepúlveda en la "base de datos". Señalaron que ofrecieron llevarlo hasta su casa, pero que este les dijo que prefería regresar en taxi, y luego lo vieron subir a un taxi afuera de la base. Según manifestaron, cuando se retiró estaba en "en buenas condiciones de salud". Contrariamente a lo señalado en el relato de los miembros de la Marina y de la Policía Ministerial del estado, en la contestación a un amparo presentado por familiares de Sepúlveda para determinar su paradero, oficiales de alto rango de la Marina negaron que este hubiera estado en ningún momento a disposición de esta institución. En diciembre, los familiares se reunieron con Adrián de la Garza Santos, jefe de la Policía Ministerial, a cuyos miembros había entregado Sepúlveda por la Policía de tránsito. Según la familia, él también confirmó que Sepúlveda había sido puesto a disposición de la Marina.
El 16 de noviembre de 2010, los familiares de la víctima presentaron una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Dijeron que la Comisión no había efectuado ningún seguimiento de la investigación en representación de ellos10. El Ministerio Público estatal ha iniciado una investigación de la desaparición. En diciembre, los familiares también presentaron una denuncia formal ante la PGR, la cual inició una investigación del caso. El 28 de abril de 2011, la PGR notificó a los familiares que había remitido la causa al Ministerio Público militar.
La familia no ha visto a Sepúlveda ni ha tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido. Su esposa dijo a Human Rights Watch: "Ya no sabemos ni qué hacer. Estamos bien desesperados. Sabemos quién fue y todo y no podemos hacer nada".
