La Procuraduría General de Justicia de Chiapas suspendió de sus funciones a siete policías estatales que junto con agentes migratorios detuvieron, golpearon y despojaron de su equipo de trabajo al activista Cristóbal Sánchez cuando tomaba imágenes de un operativo contra mujeres sexoservidoras centroamericanas.
El defensor de derechos humanos de migrantes dijo que el gobierno de Chiapas dio muestra de buena voluntad al suspender a los funcionarios de la Fiscalía de Atención a Migrantes que participaron en la agresión y devolver el pago de la fianza de 31 mil pesos, en tanto que el equipo de trabajo será restituido en las próximas horas.
En conferencia de prensa, el también coordinador de la segunda caravana "Paso a Paso Hacia la Paz", la cual iniciará el próximo 26 del presente mes, para manifestarse en contra de los secuestros, homicidios y abusos que sufren los migrantes en territorio mexicano, explicó que su protesta la trasladó a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para que se castigue también a los agentes migratorios que ordenaron su detención y participaron en la agresión.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Servidores Públicos, Adulfo Chacón Ruiz, indicó que se realiza una investigación seria y formal para deslindar responsabilidades.
El estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) advirtió que continuara con la huelga de hambre afuera de las instalaciones de la estación migratoria "Siglo XX", considerada la más grande en América Latina, hasta que el gobierno federal castigue también a los agentes migratorios que participaron en la agresión y la fabricaron de delitos de daños y lesiones.
Abundó que esta protesta es también para exigir un alto a la violencia policíaca en contra de la sociedad civil, activistas, periodistas y migrantes.
Cristóbal Sánchez dijo que su único delito fue tomar imágenes del momento en que agentes migratorios acompañados de policías estatales implementaban un operativo para detener a mujeres centroamericanas que trabajan en bares, cantinas y centros nocturnos de esta localidad fronteriza con Guatemala, material que serviría para reforzar su investigación sobre la explotación sexual y laboral de inmigrantes.
Sánchez fue detenido, golpeado y despojado de su equipo de trabajo el pasado jueves y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por agredir a una agente del INM, romper un uniforme y causar daños a un radio de comunicación y obtuvo su libertad el pasado sábado tras pagar una fianza de 31 mil pesos.
spb
