La Ley de Seguridad Nacional, que busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, exhibió ayer diferencias entre activistas ciudadanos, divididos en torno al apoyo a la versión que tiene el Congreso.
En una reunión en la Secretaría de Gobernación, Isabel Miranda de Wallace, pidió a legisladores aprobar la ley al afirmar que no viola los derechos humanos, como acusan otras organizaciones.
La presidenta de "Alto al Secuestro" dijo que la ley define marcos para regular la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar abusos.
Pero María Elena Morera, presidenta de "Ciudadanos por Causa en Común", dijo que hay dudas sobre la figura de "afectación a la seguridad interior" que permitiría al Ejército actuar en zonas con alta incidencia criminal.
Morera dijo que el actual proyecto de ley no debe ser aprobado, sino que requiere ajustes. "Dejan tan abierto el tema de seguridad interna que pareciera lo mismo que seguridad pública", dijo.
Según Moreira, bajo esta ley el Ejército tendría que retirarse de todos los lugares donde no haya declaratoria de afectación a la seguridad.
La ley es impugnada por activistas encabezados por el poeta Javier Sicilia pues consideran que viola los derechos humanos.
Laura Elena Herrejón, presidenta de "Pro Vecino", reclamó a legisladores hacer a un lado la votación para escuchar a Sicilia, pues dijo que el poeta "no representa a toda la sociedad".
Finalmente, los activistas acordaron con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, que se harán ajustes al proyecto de ley, para explicar qué se entiende por "seguridad interior" y establecer la capacitación de militares.
[NACIONAL 3A]
