En julio pasado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano detener la ola de secuestros de migrantes, denunciada por las propias víctimas a través de organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de Felipe Calderón, lejos de reconocer el problema y ofrecer atenderlo respondió que se trataba de cifras exageradas, producto de una metodología de medición que no era consecuente con las denuncias penales levantadas al respecto.
Pero como normalmente la realidad se impone a quienes se afanan en negarla, el 25 de agosto fueron encontrados en la región fronteriza de San Fernando, Tamaulipas, los 77 migrantes centroamericanos secuestrados y asesinados por un grupo del crimen organizado, un episodio que no ameritó ni la más mínima reclamación a la entonces directora del INM, Cecilia Romero, electa meses después como secretaria general del PAN.
A este hecho que provocó reclamaciones de Honduras y El Salvador, lugar de origen de la mayoría de los muertos, se sumaría el 16 de diciembre pasado, la desaparición, presumiblemente el secuestro de otro medio centenar de migrantes. Imagínese nada más de cuántos hechos como éste no nos enteramos.
Hay una cifra que nos permite acercarnos a esa realidad perturbadora: durante 2010 hubo más de 200 secuestros masivos de migrantes, sobre todo centroamericanos, lo que representa el plagio de al menos 10 mil personas. La CNDH, a través de la visitaduría quinta que encabeza Fernando Batista ha documentado ese dato tras recabar 214 testimonios entre abril y septiembre de 2010, así como realizar mil 559 visitas a estaciones migratorias y 510 a casas o albergues para migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana. El informe -del que ya se han adelantado algunas cifras- será publicado esta semana.
Los datos, sin embargo, siguen siendo cuestionados por el INM, cuyo actual director insiste que la metodología de medición no es suficiente y que no se sustenta en las denuncias penales recibidas. Y aunque es obvio que igual que sucede con muchos otros delitos hay un "hoyo negro" de ilícitos que por miedo y otras razones no se denuncia, aumentó 30% el número de denuncias de secuestro de migrantes presentadas ante las autoridades. El fenómeno es muy grave, y registra la mayor incidencia en el sureste del país, casi 68% de los casos.
Éstos ocurren, por ejemplo, en las vías del tren que cruzan las localidades de Chahuites, Ixtepec, Matías Romero, Tuxtepec y Zanatepec; o en las localidades veracruzanas de Las Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús Carranza, Coatzacoalcos, Cosamalopan, Córdoba, Orizaba y Río Blanco. La zona norte le sigue con 26% de los casos, sobre todo en las localidades Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria y San Fernando. Del total de víctimas 54% son hondureños, 13% salvadoreños, 13% cubanos, 12% guatemaltecos y 0.5% nicaragüenses.
Hablamos de un delito que va mas allá del tráfico de personas e implica que el propio migrante pague por voluntad para ser internado a EU. En estos casos, donde hay secuestro y homicidio, ya hablamos más de trata laboral o de otra índole, el ilícito controlado por la delincuencia organizada y que deja ganancias de 30 millones de dólares si toma en cuenta que para la liberación de cada migrante plagiado se pide un rescate que en promedio fluctúa en los 3 mil dólares. El problema es muy grave y su atención no puede seguir siendo objeto de más "largas" o será, como parece, que es creciente la complicidad entre secuestradores y autoridades de todos los niveles.
PUEBLA. El 1 de febrero rendirá protesta en Puebla, el gobernador electo Rafael Moreno Valle. Sin mucho aspaviento y, al parecer, con bastante eficiencia política, ha ido integrando al equipo que lo acompañará en su gestión, haciendo equilibrios con el PAN y PRD, partidos que lo apoyaron como candidato de la alianza opositora. Moreno Valle nombrará secretario general de gobierno a Fernando Manzanilla, uno de los hombres más cercanos en su carrera política; secretario de Educación al ex líder de Convergencia, Luis Maldonado; secretario de Economía al panista Pablo Rodríguez; secretario de Seguridad Pública al ex diputado y ex director operativo de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas; y procurador de Justicia al abogado Víctor Carrancá, quien fuera subprocurador del DF, con Samuel del Villar y Bernardo Bátiz.
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