El 8 de mayo en el Distrito Federal habrá otra marcha contra la violencia. En apariencia similar, en el fondo es diferente a expresiones previas de inconformidad.
La capital, corazón de la transición, es territorio propicio para la "sociedad civil", ese conjunto de personas y organizaciones autónomas de los partidos que despiertan tirrias y alabanzas. En 1968 el grueso del estudiantado y una parte del profesorado increparon a la violencia estatal. En enero de 1994 los organismos civiles convocaron a una multitud para demandar una salida pacífica a los enfrentamientos en Chiapas. En 2004 y 2008 se rechazó la incapacidad estatal para defender a la sociedad.
En la respuesta oficial se aprecian cuánto se ha reducido el poder del Estado y cómo ha cambiado la actitud social. La de 1968 fue ahogada en sangre por Gustavo Díaz Ordaz. En 1994 Carlos Salinas de Gortari respondió decretando una tregua todavía vigente. Ahí nacieron las reformas electorales de 1977 y 1996 que han traído fortuna sin gloria a las dirigencias de los partidos políticos. Las tres de este siglo (2004, 2008 y mayo de 2011) han sido convocadas por víctimas de una inseguridad que nos devora.
Hay más que decir. En 2004 y 2008 el Gobierno federal respondió con rapidez. Vicente Fox desenfundó la lengua y prometió un programa de emergencia de diez puntos. Después de la movilización del 30 de agosto de 2008 (Iluminemos México) hubo un encuentro oficial con las dirigencias de las organizaciones convocantes y Felipe Calderón repitió, en esencia, lo dicho por Fox. De poco sirvió que las dos movilizaciones fueran tachadas de conservadoras.
La del 8 de mayo es diferente porque, para empezar, su impulso principal viene de la banda izquierda y porque en los últimos tres años se ha modificado radicalmente la realidad y la percepción. Después de que en 2008 se disparó la violencia vino una reacción social digna de ser bosquejada.
Hay huecos, es cierto, pero es notable el avance en el conocimiento logrado en universidades y centros de investigación y los medios impresos también han hecho contribuciones notables. El agregado de cifras y opiniones provoca acuerdos en torno a dos realidades: la sociedad está desprotegida porque el Estado mexicano ya no es ogro todopoderoso sino anciano achacoso y, simultáneamente, hay un esfuerzo serio por entender y definirse frente al "otro", ese poder fáctico que decide en las sombras quiénes viven y mueren. No hay acuerdo sobre cómo reaccionar.
El 2010 fue un parteaguas. En febrero, Ciro Gómez Leyva entrevistó en la radio a Héctor Aguilar Camín, quien formuló una tesis vigente en algunos sectores: "¡El gobierno no mató a esos muchachos, los mataron esos hijos de puta!"; la actitud evoca la línea editorial seguida por los colegas de Zeta de Tijuana. En abril, Proceso publicó una entrevista de Julio Scherer García a Ismael El Mayo Zambada, quien articuló un relato coherente y una disposición a dialogar bajo sus condiciones. El 19 de septiembre de 2010 el Diario de Juárez se fue al otro extremo cuando calificó a los cárteles locales de "autoridades de facto en esta ciudad", y les solicitó que "expliquen qué es lo que quieren de nosotros". En el 2011 es lógico que Javier Sicilia proponga un pacto con los cárteles después de tratarlos como iguales al Estado.
También en el segundo semestre de 2010 el Gobierno de Felipe Calderón publicó ¡finalmente! cifras oficiales sobre el número de muertos legitimando el esfuerzo de Reforma, quien empezó a contar cadáveres en 2007. En estos ires y venires los partidos políticos y sus oficiantes han estado ausentes; ellos dedican su tiempo a discutir elecciones, candidaturas y a contar prerrogativas y tejer negocios (¿hasta cuándo tolerará el IFE a los farsantes del Verde?).
La sociedad está en busca de solución y agenda; cada gremio por su lado. Los académicos seguirán explicando los resortes del fenómeno y esclarecerán, espero, si estamos o no en guerra porque de ello depende la aplicación del derecho humanitario; los periodistas continuarán difundiendo más o menos información sin lograr la unidad mínima porque siguen pesando más rencillas y diferencias; los defensores de derechos humanos seguirán cazando ese espacio intermedio que permite salvar vidas a partir de una relación diferenciada frente al Estado y los cárteles de la droga; el sector privado también tiende puentes.
Así pues, el 8 de mayo un número indeterminado de ciudadanos marcharemos para exigir resultados a un Estado andrajoso, para pedir definiciones a los jefes de los diferentes cárteles y, sobre todo, para ver si existe un terreno común para la unidad de los diversos. En el Siglo XIX el referente natural ante el Estado ausente sería la jerarquía católica; en el Siglo XXI es la sociedad misma quien enfrenta retos sin precedentes en nuestra historia. ¿Estará a la altura? Más nos vale.
Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada
Colaboró Rodrigo Peña González.
