Veo un póster en una ventana. Es una invitación del Gobierno Municipal a una "reunión pública" en la que las autoridades presentarán alternativas de obras para un área importante de la ciudad. Existe la posibilidad de replantear una autopista urbana elevada, que durante décadas ha dividido el barrio en dos. Los estudios de impacto de tráfico están listos, el presupuesto está autorizado, y existen al menos tres diseños conceptuales de lo que quedaría en su lugar. Sólo falta una cosa: la opinión de los ciudadanos.
Este tipo de eventos dista de ser la panacea, pero deberían ser la norma. No sólo obligan a las autoridades a refinar y clarificar sus argumentos, sino que también funcionan como una invaluable fuente de ideas. "¿Ya consideraron el efecto en las calles vecinas?", "aquí falta un cruce peatonal", "¿cuánto cuesta hacer un túnel?", ¡Podemos construir un parque en el espacio que se recupere!".
Nunca falta quien descalifique todo o algún aspecto del proyecto. La sesión ofrece no sólo la oportunidad de ventilar estos puntos de vista, sino que permite entender mejor a los intereses que se consideran afectados. La ocasión representa una rara oportunidad de diálogo, y puede detonar una búsqueda conjunta de ajustes y soluciones. Por supuesto que no siempre se puede darle gusto a todos, pero sí puede hacerse un esfuerzo honesto y razonable.
La diferencia es que la conversación pública obliga a la justificación mutua. Quien esté a favor o en contra de alguna alternativa debe presentar argumentos que puedan plantearse y defenderse ante los demás. No puedes pararte ahí y decir que el proyecto beneficia a tu compadre o afecta a la empresa de quien contribuyó a tu campaña. Como mínimo, el gobierno debe explicar claramente qué se gana y qué se pierde con cada opción. Eso ya es ganancia, pues la construcción de consensos es más factible cuando discutimos y planteamos alternativas que cuando anunciamos hechos consumados.
En este caso particular, existen al menos dos grupos de interés.
Estarán quienes usan la autopista sólo para regresar a sus hogares después de trabajar. Ellos pedirán mantener una vía de alta velocidad, preferentemente a desnivel, que minimice cruces y semáforos. También estarán los vecinos, cansados de las barreras físicas que generan las estructuras de concreto y molestos por que no pueden cruzar la calle sin largos rodeos. Exigirán que se baje los límites de velocidad, que haya más accesos locales en la avenida, y que el segundo piso sea sustituido por un bulevar arbolado.
Ambas son preocupaciones legítimas, que ciertamente se contraponen.
Dicha tensión puede llevar al abuso (una se impone, sin considerar la otra) o a la parálisis (una riñe tanto con la otra, que no decidimos nada). Sin embargo, este tipo de reuniones puede servir para atemperar estos riesgos. Funcionan de manera opuesta a los mítines políticos, donde todos los asistentes están previamente de acuerdo. Al contar con la presencia del "otro", no son los discursos más radicales los que sobresalen, sino aquellos que proponen ajustes o mecanismos de compensación que nos permiten avanzar.
Por supuesto que es posible manipular estas sesiones. Además, no todos tienen los mismos incentivos o recursos para participar, ni la misma elocuencia, ni la misma calidad de información. Sin embargo, incluir el análisis público de alternativas en el proceso de toma de decisiones urbanas ayuda a mejorar la dinámica. No es lo mismo despertar una mañana y encontrar bulldozers trabajando frente a tu puerta, que haber tenido oportunidad de conocer las opciones e incidir en la decisión. De hecho, esa diferencia distingue claramente a las democracias de los regímenes autoritarios.
La sesión que describo se realizó hace días en Boston, donde curso mi posgrado. Vino a mi mente el Aeropuerto de Texcoco, la supervía en el DF, la Vía Exprés en Guadalajara y el nuevo estadio de los Rayados en Monterrey. Pensé también en los mil 400 millones de pesos gastados en el Megadistribuidor Vial de Saltillo, sin que nunca hayamos discutido públicamente las alternativas. En todos estos casos, la cerrazón y la ausencia de diálogo han sido la norma. El gobernante, que tiene todas las respuestas, decide y después nos avisa. En el camino se pierden buenas ideas, tiempo, recursos, legitimidad, transparencia y la oportunidad de construir ciudadanía.
Si juzgamos la transición democrática mexicana a partir de la manera en que nuestros gobiernos deciden el futuro de nuestras ciudades, estamos jodidos.
Twitter: @oneflores
