La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró a sus investigaciones la denuncia que un grupo de migrantes hizo contra varios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntamente haberlos entregado a la delincuencia organizada.
El grupo de migrantes identificó a los servidores públicos de ese instituto como las personas que los bajaron del autobús de pasajeros donde viajaban hacia la frontera con Estados Unidos, para después entregarlos a miembros de la delincuencia organizada.
Las declaraciones de las víctimas, recabadas por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, documentarán el secuestro y las violaciones a los derechos humanos de las personas que transitan por el territorio nacional.
En un comunicado, el organismo protector informó que recaba los testimonios y realiza el seguimiento de las averiguaciones que llevan a cabo las autoridades correspondientes, con el fin de garantizar que estén apegadas a derecho y enfocadas a la protección de los derechos de los agraviados. También mantiene contacto con las víctimas a fin de proporcionarles apoyo jurídico, psicológico y de ser necesario, asegurarse que reciban atención médica.
Representantes de la comisión nacional los asesoran sobre sus derechos humanos y verifican que las autoridades mexicanas cumplan su obligación de apoyarlos con apego a la ley.
El 22 de febrero, la CNDH dio a conocer un informe especial sobre este tema, en el que se advierte la colusión de autoridades migratorias en diversos delitos, como el secuestro. Además, en ese mismo documento se especificaron 28 acciones que deben realizar las autoridades para proteger a los migrantes en su paso por nuestro país.
Respecto a los casos de las fosas en Tamaulipas y Durango, personal de la comisión nacional lleva a cabo labor de campo con peritos, médicos y visitadores.
Las investigaciones se encuentran en la etapa de integración. En su momento se emitirán las determinaciones que correspondan.
