En entrevista con un diario saltillense, el gobernador electo de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, declaró que la administración que encabezará a partir del primero de diciembre de 2011 será el "gobierno del orden". Si lo dijo en serio, vaya titánica labor que le espera. Basta revisar los asuntos pendientes que dejará la actual administración, iniciada por su hermano Humberto Moreira y completada por Jorge Torres López, para augurarle al próximo titular del Ejecutivo Estatal intensos días de trabajo y largas noches de desvelo, en el supuesto, claro está, de que en verdad tenga la voluntad de "poner orden".
La principal preocupación para los coahuilenses actualmente es, sin duda, la inseguridad. Las cifras de robos, secuestros y homicidios revelan un crecimiento alarmante de la criminalidad desde que Humberto Moreira asumió el poder. Según los reportes de incidencia delictiva del fuero común del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio mensual de robos denunciados pasó de 784 en 2005 a 1,990 en 2010, es decir, más del doble que cinco años atrás. En cuanto a las privaciones ilegales de la libertad, en 2005 fueron denunciadas sólo seis; el año pasado se tuvo registro de 91 casos. Respecto a los homicidios dolosos, la cifra total pasó de 139 en 2005 a 407 en 2010. Y hasta junio de 2011, según los datos oficiales, sumaban ya 311.
Pese a que dichas cifras no son confiables, puesto que tan sólo en Torreón el número de asesinatos es mayor al reportado por las autoridades en toda la entidad, ponen en evidencia el preocupante incremento de la inseguridad en el estado.
Otro de los asuntos que tendrá que enfrentar Rubén Moreira al iniciar su mandato es el nivel de endeudamiento que ha alcanzado Coahuila. De acuerdo con el más reciente reporte de Fitch Ratings, "el saldo de la deuda pública total del Estado de Coahuila ascendió a $7,923 mdp a marzo del 2011; por su parte, el monto contratado de líneas de crédito de corto y largo plazo representó el doble del saldo insoluto antes mencionado".
Pero en este tema también hay controversia. Mientras que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, asegura que la deuda en Coahuila asciende a 30 mil millones de pesos, el Sistema de Administración Tributaria del Estado reconoce sólo la mitad de ese monto, lo cual no es para aliviar a nadie. Lo que despierta más suspicacias y preocupación es que, primero, el incremento de la deuda se ha dado en un corto lapso -apenas dos años-; y, segundo, que las autoridades han sido renuentes a justificar claramente el porqué de este endeudamiento.
Y es precisamente la transparencia el tercer reto para la próxima administración. A la falta de información en relación con la deuda pública -la cual terminaremos pagando nosotros los contribuyentes-, hay que sumar la absoluta opacidad con la que operan programas asistenciales como "Tarjeta del Hogar" -que sustituyó al cuestionado "Monedero de la Gente"-, "Tarjeta de Teléfono de la Gente", "Uniformes de la Gente", entre otros. Hasta ahora ninguno de los padrones de esos esquemas, en los que se han invertido cantidades ingentes de recursos públicos, ha sido publicado pese a la insistencia de cierto sector de la opinión pública.
No es de extrañar, pues, que la consultoría internacional ARegional considere a Coahuila como uno de los once estados mexicanos con "transparencia baja" en su Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2011, el cual lo ubica en el lugar 21 con una calificación de 69.
Y como es natural que ocurra en los gobiernos opacos, el nivel de corrupción en Coahuila ha crecido en el actual sexenio. De acuerdo con los datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de Transparencia Mexicana, la corrupción en el estado pasó de un nivel de 6.5 en 2005 a 8.3 en 2010, con el cual se ubicó en el lugar 18 en la lista que encabeza Baja California Sur como la entidad menos corrupta.
En este asunto, el próximo gobernador tendrá también una tarea nada fácil, sobre todo si consideramos las denuncias públicas que pesan sobre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración, como Vicente Chaires y Javier Villarreal, ambas personas cercanas al actual presidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Otro escandaloso caso por resolver es el de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), la cual, según acusaciones, realiza cobros desmedidos a los mineros por intermediación sin conocerse actualmente el destino de dichos recursos. ¿Se atreverá Rubén Moreira a "poner orden" en estos presuntos casos de corrupción aunque ello implique asestar un golpe a su propio hermano?
Otro de los retos para el próximo mandamás de Coahuila será el de equilibrar el trato que da el Gobierno Estatal a las distintas regiones. Pues durante el sexenio que está por terminar fue evidente, una vez más, que la Región Sureste, en donde se ubica Saltillo, tuvo una atención privilegiada que se tradujo en un elevado nivel de inversión pública y privada. Por ejemplo, mientras que en la capital del estado se ha invertido en casi seis años 2,390 millones de pesos en 28 obras de infraestructura vial, en Torreón se ha gastado 1,080 millones en 14 proyectos. La diferencia es inocultable.
Luego de revisar todo lo anterior, podemos decir que un largo y sinuoso camino tiene por delante Rubén Moreira si desea hacer del suyo un "gobierno de orden", como él mismo lo dijo. La gran duda es hasta dónde le alcanzará esa voluntad que aparenta, sobre todo si tomamos en cuenta que su administración tendrá, prácticamente, nula oposición en el Congreso local y un descomunal control de todo el aparato político del estado (sindicatos, partidos, organismos autónomos, etc.). Porque la eficiencia y la rendición de cuentas no deben ser una graciosa concesión de los gobernantes, sino una obligación. Más vale que este segundo Moreira lo tenga muy presente, porque, como ya vimos, el primer Moreira se olvidó de ello por completo.
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