La depuración de los distintos cuerpos de seguridad pública en el estado seguirá aplicándose sin distingos hasta contar con elementos policiacos más preparados, más profesionales, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Colima, general Raúl Pinedo Dávila, quien anunció que hasta la fecha alrededor de 71 integrantes de la dependencia a su cargo han causado baja.
En la misma sintonía se ubica a los elementos de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde alrededor de 50 elementos también han causado baja al no aprobar los exámenes de control de confianza que se les viene aplicando.
Pinedo Dávila agregó que a la fecha se ha evaluado al 30% de la corporación y seguirán los exámenes al personal hasta lograr el 100%.
Indicó que por ser confidenciales los exámenes no se conoce en qué están fallando los agentes o porque no cubren el perfil para el puesto, "lo que sí sabemos es que al no aprobar no pueden desempeñarse en la seguridad pública".
Anunció que en breve darán de alta a 100 elementos, sin haber aprobado los exámenes debido a la carga de trabajo del Centro de Control y Confianza, sin embargo, "vamos a mandar sus expedientes, pero es personal que todavía no sabemos".
El secretario de Seguridad Pública dijo que los 71 elementos que han salido de la corporación 35 de ellos fueron retirados al no aprobar los exámenes de control de confianza.
Confirmó que las evaluaciones de control de confianza serán permanentes, por lo que descartó que este tipo de procesos vayan a ser retirados; incluso refirió que quienes ingresen a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a otras corporaciones de seguridad, deberán de haber aprobado primero estos exámenes, caso contrario no podrán alistarse.
De igual forma, detalló que en el caso de resultado positivo en la prueba de antidopaje de los exámenes de control de confianza, inmediatamente el elemento es dado de baja y únicamente han dado positivo dos elementos de los 35 en total.
Por otra parte, respecto a qué hacer para evitar que los agentes dados de baja y desempleados opten por enlistarse en la delincuencia organizada como sustento económico, el secretario de Seguridad Pública además de minimizar esta posibilidad, argumentó que desde su ámbito, no es de su competencia analizar tal situación, concluyó.
